Respondió enérgicamente a una solicitud de la Cámara Alta para que se pronuncie. Primero dijo que no tienen atribuciones para hacerlo y luego dijo que los magistrados deben quedarse en sus funciones
El Procurador General del Estado, César Siles, respondió a una conminatoria del Senado para que asuma posición con relación a las autoridades judiciales prorrogadas, y respondió que la Cámara Alta no tiene competencia para presionarlo, y sentenció que los magistrados deben quedarse en sus cargos porque hay una resolución constitucional que los avala hasta que se realicen las elecciones judiciales.
Siles señaló que recibió “con mucha sorpresa” una resolución de la Cámara de Senadores que conmina a la Procuraduría a constituirse en posición de garante y a pronunciarse con relación a la prórroga de los magistrados que actualmente están en funciones en los máximos tribunales de justicia del país.
“Primero, la Cámara de Senadores no tiene competencia para hacer conminatorias y menos aún a una institución de creación constitucional como es la Procuraduría. En todo caso debían llamarnos a través de una petición de informe escrito, oral u otros mecanismos que ellos tienen de fiscalización”, aseguró César Siles.
Además, advirtió que “en el fondo del asunto hay una declaración constitucional que está vigente, la 049, y establece que los actuales magistrados deben quedarse en el cargo hasta que se realicen las elecciones judiciales. Eso implica que mientras no cambie la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o no haya otra sentencia que modifique aquello, es plenamente válida la prórroga de los magistrados”.
Casos
El procurador, por otra parte, anunció que aplicó una estrategia de defensa preventiva del Estado. “Lo primero que hicimos fue la bolivianización de la defensa (contratando abogados nacionales y extranjeros, y ahora lo hacen los abogados de la Procuraduría). En otras gestiones se gastaba 68 millones de dólares en la defensa del Estado antes de nuestra gestión y ahora se reduce a 23 millones. Es un monto alto, pero es mucho menos, e implica un ahorro de 45 millones”.
Acotó que la mejor defensa es no llegar al litigio. “Conversamos con la otra parte, tenemos una cartera de 12 casos, de los cuales en ocho ya estamos en negociaciones para no llegar al proceso”. Puso el caso de Copasa, empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que presentó un arbitraje y reclama pago por seis conceptos. “Pedimos que suspendan el procedimiento y nos sentamos con ellos. Es probable que dos de ellos podemos pagar porque son planillas ya aprobadas y supervisadas por la propia entidad pública, y otras cuatros son daños y perjuicios, multas y demás, que no consideramos de debiéramos pagar. Si logramos un acuerdo, ya no llegamos al litigio”.
El Deber
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