Marco Jaimes, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha declarado que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) «no tiene atribuciones» para cesar los cargos de los magistrados, tras la aprobación en el Parlamento de una ley «antiprórroga». Jaimes hizo estas afirmaciones desde la ciudad de Oruro, enfatizando que la interpretación constitucional corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no al Legislativo.
Jaimes subrayó que, desde una perspectiva jurídica, la interpretación constitucional que avala la continuidad de los magistrados sí prevalece sobre la decisión tomada por la ALP en su séptima sesión. Aunque reconoció la posibilidad de discrepancias políticas, insistió en que desde el ámbito legal la situación es clara.
El presidente del TSJ hizo estas declaraciones en el contexto de la aprobación por parte de la ALP de una ley cesando a los magistrados prorrogados y otra norma para continuar las elecciones judiciales, una sesión que fue declarada nula por el TCP. El presidente Arce, por su parte, ha afirmado que no promulgará estas normativas debido a su carácter ilegal.
Explicó que la continuidad de los magistrados está respaldada por el artículo 15 de la Ley 254 (Código Procesal Constitucional), el cual establece que las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante. Esto sugiere que la decisión del TCP prevalece sobre cualquier determinación de la Asamblea Legislativa.
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