La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), Maggy Talavera, figura entre los siete periodistas conminados a testificar dentro de una investigación por terrorismo contra un concejal que participó en bloqueos de una carretera en el municipio de Mairana (Santa Cruz), entre octubre y noviembre del pasado año.
El expresidente de la APSC y abogado, Roberto Méndez, anunció a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) una defensa del secreto de fuente informativa comprendido en la Ley de Imprenta y el derecho a la reserva protegido por el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal.
“Esta convocatoria atenta flagrantemente contra la libertad de prensa y vulnera la Ley de Imprenta que rige el actuar como periodista, por lo que amparado en el derecho y obligación de reservar la fuente no podemos y mucho menos estar obligados a declarar ante cualquier autoridad…”, expresó el abogado defensor de periodistas.
El fiscal anticorrupción, Hernán Kieffer, y un policía investigador enviaron una orden de citación contra siete periodistas a través de la red WhatsApp, dentro de la acumulación de pruebas contra el concejal Gilbert Tapia que pertenece a un sector del Movimiento al Socialismo (MAS) que apoya al expresidente Evo Morales.
Tapia fue detenido y es investigado por supuesto financiamiento y apoyo al bloqueo de la carretera principal de Mairana, un municipio localizado a 135 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que derivó en el secuestro y agresión a periodistas y policías.
La orden de citación conmina a la presentación de los periodistas ante el investigador en oficinas policiales de la ciudad de La Paz, a 851 kilómetros al oeste de Santa Cruz de la Sierra, la sede de sus actividades laborales.
Varios de los periodistas citados no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, explicó Méndez. La asesora legal de la APSC, Raquel Guerrero, afirmó que estas citaciones son ilegales porque llegaron a través de mensajes y no de manera personal como exigen los procedimientos, y exigió que los hechos registrados en el departamento de Santa Cruz deben ser investigados en la región.
“Están hostigando a los periodistas y quieren llevarse a los periodistas con una notificación ilegal,” denunció la abogada. Méndez citó el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal que señala las reglas de competencia territorial y otorga autoridad al juez del lugar de la comisión del delito, al juez de la residencia del imputado o al juez donde se descubran las pruebas materiales, la ciudad de Mairana.
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