El ministro Iván Lima afirmó que el Gobierno promoverá un diálogo político en el Legislativo sobre la base del proyecto de ley que propuso el jefe de bancada del MAS-arcista, Jerges Mercado.
Los 23 magistrados y tres consejeros del Órgano Judicial acaban de cumplir dos semanas en sus cargos prorrogados y el debate para viabilizar la elección judicial aún no comenzó en la Asamblea Legislativa. Eso sí, legisladores y líderes políticos pusieron en el punto de mira a dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por mantener vínculos con Iván Lima, el ministro de Justicia que negó estos nexos.
Es más, la autoridad ratificó ayer —en una entrevista con EL DEBER— que el Gobierno promoverá un diálogo político en el Legislativo sobre la base del proyecto de ley que propuso el jefe de bancada del MAS-arcista, Jerges Mercado, para viabilizar la convocatoria a los comicios judiciales demorados, precisamente, por efecto de varios fallos judiciales.
Estas decisiones, emitidas desde el TCP desde abril de 2023, fueron avaladas por dos magistrados, los mismos que fallaron recientemente en casos más complejos como el de la suplencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o de la reelección.
Por eso apuntan al magistrado prorrogado, el beniano Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. Aseguran que, junto a su colega, el magistrado René Yván Espada Navia y el ministro Lima pudieron ejecutar un plan para trabar el proceso de la elección judicial. Lima atribuyó esta postergación “a los errores” de los legisladores nacionales, incluidos los del MAS, que no observaron el cumplimiento de la Constitución en la redacción de la convocatoria
El diputado y jurista Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana (CC) señaló que las decisiones del TCP fueron articuladas con el Ejecutivo. “El primer bombazo que dieron contra la elección judicial se genera en una Sala Constitucional de Beni donde dicen que el magistrado Hurtado, prácticamente, tiene su feudo judicial en ese departamento. Es un secreto a voces que este magistrado es el ‘dueño judicial de Beni’ y lo más revelador es que todas las causas de mayor interés para el Gobierno en el último tiempo, le caen a esa Sala Constitucional.
Obviamente hubo una grosera manipulación para que les toque a ellos (Hurtado y Espada)”, afirmó Alarcón. ¿Cómo ven al magistrado Hurtado en Beni? Fue la consulta de este medio a portavoces de la región, que, aunque pidieron reserva en sus identidades, coincidieron que Hurtado, desde que era juez en Beni, tuvo una gran influencia en los estrados judiciales.
Lima observó que desde hace más de tres años en ese departamento no existen vocales y aseguró que su despacho promovió “la institucionalización” de estos cargos, sin descuidar la designación de jueces que sean de carrera.
Ahora bien, Hurtado y Espada, magistrados prorrogados de la Sala Cuarta del TCP, en los últimos 30 días emitieron sentencias en casos vitales para la política boliviana. Las determinaciones sobrepasaron sus competencias, según dijo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, respecto a la autoprórroga de mandato. De hecho, la exautoridad considera que los actuados de las autoridades judiciales son nulos de derecho.
Entre los fallos que firmaron estos magistrados están: la prórroga en sus cargos más allá del 2 de enero cuando concluye su mandato constitucional con la Sentencia 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023; la Sentencia 1010/2023 que modula el lineamiento de la reelección y que afecta la intención de Evo Morales de repostularse a la presidencia; el Auto Constitucional 558/2023 de 29 de diciembre de 2023 que suspende las competencias del directorio del Senado; la Sentencia 1021/2023 de esa misma fecha que ordena al vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera asumir como gobernador en reemplazo de Fernando Camacho.
El diputado del MAS Héctor Arce, quien es parte del bloque ‘evista’, aseguró que existe toda una estrategia y un “acuerdo político” entre los magistrados y el Órgano Ejecutivo, el mismo que dio paso a la autoprórroga de los tribunos a cambio de “favorecer” a los eventuales gobernantes con sentencias que les benefician.
“Existe una relación directa. Se están devolviendo favores entre ellos. Este hecho se refleja, por ejemplo, con las sentencias ‘express’ que salen en menos de un mes, o las que ocultan por conveniencia. Hoy es el periodo de devolución de favores y en todo esto está (Iván) Lima. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un suprapoder que está por encima del Órgano Legislativo”, apostilló Arce a EL DEBER.
A eso, el líder del MAS, Evo Morales, recordó que los actuales magistrados del TCP también avalaron el mandato de Jeanine Áñez. Además, apunta a la Sala Cuarta del TCP a cargo de Hurtado y Espada, que declaró la nulidad de 12 procesos contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. “En la Constitución (los hechos de) corrupción no prescriben. Esto es un acuerdo bajo presión mediante Iván Lima (…) cómo comparten esta clase de negocios con el Tribunal Constitucional. Eso no es gratis”.
El político admitió que conoce al magistrado Hurtado que es blanco de denuncias. “Yo (le) conozco. A veces se acercó. Me vino a visitar”, dijo Morales sin revelar qué temas habló con él.
Aseguró, además, que la esposa del magistrado Hurtado es funcionaria diplomática. “Trabaja en la Embajada (de Bolivia) en la OEA, en Washington, con Héctor Arce Zaconeta. Eso también levanta sospechas. El esposo en el Tribunal Constitucional y la esposa en la embajada”, mencionó.
Pero, Morales fue más allá y aseguró que ambos magistrados recibieron “instrucciones” del presidente Luis Arce para anularlo políticamente. “(Es) la información de algunos compañeros. Lucho (Arce) ha instruido, primero inhabilitar a Evo, segundo recuperar la sigla, si Lucho no la recupera, (se debe) proscribir la sigla. (Es) información oficial”. El líder cocalero aseguró también la intención desde el TCP de inhabilitarlo como candidato y que esta acción “no es gratis, política ni económicamente”.
Para el abogado constitucionalista, Williams Bascopé Laruta, todo este escenario demuestra que el Tribunal Constitucional Plurinacional, desde que avaló la reelección indefinida como un “derecho humano”, ya no es garante de los derechos constitucionales y a través de la última elección judicial puso en los altos cargos a juristas afines al partido gobernante. La consecuencia de esa acción, son todas las actuaciones de los magistrados prorrogados.
“Varios de los actuales magistrados han sido simpatizantes o funcionarios del gobierno del MAS y tenían una corriente evista y, hoy en día, paradójicamente, parece que han cambiado de dirección (a la línea arcista) y han emitido sentencias polémicas días antes que termine su mandato como la inhabilitación de Evo Morales y la sucesión del gobernador de Santa Cruz”, dijo Bascopé a EL DEBER.
Defensa de Lima
El ministro de Justicia remarcó ayer que se necesita de un “diálogo sincero” en el Legislativo para lograr una preselección de candidatos, aunque ese punto lo ve difícil por los quiebres que existen en las tres fuerzas políticas en el Legislativo. Incluso dijo que será difícil llegar a consensos entre “seis fuerzas políticas”. Apuntó a la bancada “evista” de buscar el fracaso de los comicios judiciales y de apoyar el cuoteo de la justicia.
“Hay parlamentarios, diputados, senadores y líderes políticos, que quieren seguir con el cuoteo de la justicia, que quieren seguir pidiendo un porcentaje de los magistrados y los consejeros para poder viabilizar los dos tercios de votos, y eso para nosotros es inadmisible”, afirmó Lima, a quien luego se le consultó si ese cuoteo está dentro del ala “evista” y el ministro respondió: “Claramente. Patricia Arce (senadora afín a Evo Morales) ha pedido cupos en Pando y en otros departamentos”.
Ante las protestas contra los magistrados que se autoprorrogaron, el ministro Lima defendió el viernes la Sentencia Constitucional 0049/2023 que avaló la ampliación de su gestión. Afirmó que la decisión se enmarca en la Constitución. “Las decisiones son vinculantes, son de cumplimiento obligatorio y contra una sentencia no cabe ningún recurso. Son la última palabra (…) quien apaga la luz en un país es el Tribunal Constitucional, es la última palabra”.
De este modo, desahució cualquier proceso por la vía ordinaria o mediante juicio de responsabilidades contra los magistrados prorrogados porque, según su lectura, las decisiones asumidas por los magistrados autoprorrogados están bajo el paraguas constitucional. “Cuando el propio ‘intérprete oficial’ no honra la supremacía de la Constitución, no es posible reclamar el cumplimiento de sus sentencias. El primer deber de bolivianos y bolivianas es conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución”, cuestionó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de la red X.
El Deber
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