El reciente fallo que absolvió a Richard Mamani, tras permanecer nueve años en prisión por un delito de violación que no cometió, ha encendido las alarmas en el sistema judicial de Tarija y abierto un debate sobre las fallas estructurales que permiten condenas injustas.
En conferencia de prensa, Luis Ortiz, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, manifestó su preocupación por el caso y subrayó la necesidad urgente de identificar a los jueces, fiscales o funcionarios que actuaron de forma negligente o fuera del marco legal durante el proceso que mantuvo privado de libertad a Mamani.
“El daño ocasionado a esta persona es irreparable, y la justicia no puede mirar a otro lado. Debemos determinar con claridad quién o quiénes fallaron para que un inocente pasara casi una década tras las rejas”, sostuvo Ortiz, enfatizando que corresponde iniciar investigaciones internas y, de ser necesario, procesos disciplinarios.
Según el titular del órgano judicial, estos hechos minan la confianza ciudadana en el sistema y afectan a toda la estructura judicial, pues se convierte en un mensaje peligroso que alimenta la sensación de indefensión entre los bolivianos.
Ortiz explicó que se pedirá a la Dirección Administrativa y Disciplinaria del Órgano Judicial que recopile toda la documentación del caso, para establecer si hubo irregularidades en la valoración de pruebas, omisiones procesales o vulneración del derecho a la defensa.
El presidente del Tribunal Departamental remarcó además que no se trata solo de sancionar a posibles responsables, sino también de sentar un precedente para que los operadores de justicia actúen con mayor responsabilidad y respeto a los derechos humanos en cada etapa del proceso penal.
Familiares de Mamani, por su parte, manifestaron su dolor y demandaron una reparación integral por el tiempo que permaneció injustamente encarcelado, así como garantías para que situaciones similares no se repitan con otros ciudadanos.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer la formación de jueces y fiscales, dotar de mejores herramientas técnicas a las investigaciones, y revisar protocolos que eviten condenas infundadas que destruyen vidas y familias.
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