36 instituciones suscriben un manifiesto que identifica seis acciones concretas que demuestras el abuso del Estados para silenciar las voces discrepantes
El pronunciamiento de 36 instituciones ciudadanas vinculadas a la defensa de los derechos civiles, medioambientales y el respaldo a la democracia, muestra su preocupación por diversos acontecimientos suscitados en el país las últimas semanas. En concreto, observan una reducción llamativa de los espacios de acción de las organizaciones ciudadanas y el agravamiento de la situación de los derechos humanos.
El manifiesto revela «una nueva escalada de hechos que entrañan graves violaciones a los derechos humanos, una mayor reducción del espacio cívico y un deterioro de garantías y derechos fundamentales para la vigencia de un orden democrático en Bolivia».
De mantea puntual, cuestiona a las autoridades por lo que consideran un incremento de «las condiciones de riesgo para los periodistas y los defensores de derechos humanos» vinculadas a diversos hechos de violencia vividos en los últimos días.
Entre las instituciones firmantes se encuentra el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa y un colectivo importante de movimientos ambientalistas.
El pronunciamiento recoge seis hechos concretos que ejemplifican las vulneraciones denunciadas.
1. Hostigamiento y amedrentamiento a legisladora que lideriza Acción Popular por el Parque Madidi. La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, denunció «actos de hostigamiento y amedrentamiento por grupos de mineros cooperativistas». La asambleísta se ha mostrado en reiteradas oportunidades muy activa para denunciar la explotación minera irregular en el mencionado parque y la consiguiente contaminación de las aguas que recorren sus parajes.
2. Ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios independientes. «Estas acciones en contra de periodistas son cada vez más frecuentes», recoge el documento. Plantea tres escenarios que ejemplifican la presión a los medios: el desprestigio a medios cruceños durante los paros recientes, una actitud similar durante los conflictos vinculados a Adepcoca y la asfixia económica sobre el diario Los Tiempos.
3. Intento por subordinar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). Para ello han recurrido a argucias administrativas como el desconocimiento de su titular, Amparo Carvajal, ante Impuestos Nacionales. La posición del Gobierno tiende a favorecer abiertamente a la vertiente oficialista afín.
4. Graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de Adepcoca. Desde la Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se ha expresado la preocupación por la represión suscitada contra los cocaleros de los Yungas. El manifiesto destaca «un evidente uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, al igual que un uso irregular de armamentos no aprobados», como parte de las violaciones denunciadas.
En este conflicto también se alertó por las detenciones arbitrarias y la exhibición de los retenidos en una clara vulneración del principio de inocencia. A eso se suma que «el propio director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuenta, haya actuado como “infiltrado” entre periodistas», destaca el pronunciamiento.
5. Uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos violentos de civiles durante las movilizaciones de Santa Cruz por el censo. Durante el último paro de 48 horas promovido por el Comité Intertinstitucional de detectó «la presencia de grupos irregulares que actuaron generando violencia en el contexto de medidas de protesta». Estos grupos contaban con el beneplácito del «partido gobernante y la Alcaldía de Santa Cruz».
La denuncia implica al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, al que se sindica de «liderar alguno de estos grupos irregulares que provocaron violencia y enfrentamientos»
6. Finalmente expresan su preocupación por «la participación de altas autoridades en acciones de grupos irregulares de choque, e infiltración de militares y policías en organizaciones civiles». Esta situación se agrava con la actitud que asume el Ministerio Público cuando «ratifica y naturaliza la impunidad de estos hechos» al desestimar las investigaciones correspondientes.
Las infiltraciones también involucran a efectivos de policías y militares que recurren a estas prácticas con el fin de “sembrar pruebas para inculpar a civiles y ejercer persecución política».
A modo de conclusión, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno «impulsar una reconciliación nacional» y piden a las entidades internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos para que hagan un «seguimiento a estas denuncias» y evitar así «una deriva autoritaria en el ejercicio del Poder Político en Bolivia».
El Deber
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