El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando establece penas más severas para quienes saquen ilegalmente alimentos fuera del país.
Luego de varios meses de elaboración, el Gobierno concluyó el reglamento que endurece las sanciones contra el contrabando de alimentos, estableciendo penas de hasta 12 años de cárcel para quienes incurran en esta actividad ilícita.
Así lo confirmó este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, al término de una reunión con la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), realizada en Cochabamba.
“El viceministro de Lucha Contra el Contrabando (Luis Amílcar Velásquez) ha expuesto con claridad que ya tenemos la reglamentación que va a permitir sancionar a los contrabandistas con ocho o más años de cárcel”, declaró la autoridad.
El reglamento se sustenta en la Ley 100 de 2011, que tipifica el “contrabando de exportación agravado” como un delito que debe sancionarse con privación de libertad de ocho a 12 años, además del decomiso de mercancías y la confiscación de bienes relacionados.
Éste era un pedido de los carniceros, quienes denuncian que en los centros de remate y en las fronteras existe mucho contrabando de ganado, pero no existen las penas para castigar a los autores.
En octubre del año pasado el Gobierno ya había anunciado los 12 años de cárcel, en el marco de la lucha contra el contrabando a la inversa, pero hasta ahora el reglamento no estaba terminado.
La norma castiga específicamente la extracción, transporte o almacenamiento de alimentos e hidrocarburos subvencionados por el Estado dentro de un radio de 50 kilómetros de las zonas fronterizas, si no se cumplen los requisitos legales correspondientes.
También penaliza el intento de cometer el delito, incluso si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del contrabandista.
“Ya se tiene la lista de los productos que son prohibidos para el contrabando”, adelantó Flores, que remarcó que la norma apunta a terminar con la impunidad de quienes incurren en este delito y reinciden poco después de ser descubiertos.
Con este reglamento, la Contracabol y el Gobierno esperan que las sanciones penales sean reales contra los contrabandistas que generan desabastecimiento de alimentos.
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