Después de dejar el interinato más largo en la historia de la Defensoría del Pueblo, la paceña siguió los pasos de Cox y Subieta. Hoy es viceministra del MAS.
“Lo negativo es la alta politización”, resumió Nadia Cruz Tarifa. Después de más de tres años como Defensora del Pueblo interina, la abogada de 41 años dejó el cargo “con la conciencia tranquila”. Un mes después juró como viceministra del gobierno de Luis Arce.
“Mi militancia política es clara y es única, y es con los derechos humanos”, aclaró al ser posesionada como viceministra de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, apenas 34 días después de dejar su puesto anterior.
Siguió los pasos de Nelson Cox y Teresa Subieta, que al igual que ella, luego de ser funcionarios de la Defensoría consiguieron un alto cargo en el oficialismo.
Sus destinos siempre estuvieron en el ojo del huracán, así que su nueva asignación es sólo un dato más. Cruz llegó a la Defensoría en la gestión de Rolando Villena. Fue jefa de atención de casos. Dependía del defensor adjunto, Jaime Quiroga, el exjefe de gabinete del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Cuando Quiroga renunció, ella también dimitió. Posteriormente volvió, esta vez para ocupar el despacho principal. Ella rompió récords de interinatos, con sus más de tres años. El más largo en la institución había durado un año y cinco meses. Permaneció más tiempo del que establece la Ley del Funcionario Público.
Sustituyó a David Tezanos Pinto, quien fue designado por la ALP como defensor del Pueblo el 13 de mayo de 2016. Luego de un escándalo, el 24 de enero de 2019, renunció y el 30 de enero de ese año la ALP designó a Cruz como defensora interina.
Cruz debía terminar su mandato el 14 de mayo de este año. Pero en abril presentó su postulación al cargo de Defensora del Pueblo. “El interinato no es un impedimento”, justificó. Aunque la Comisión Mixta de Constitución la habilitó a la siguiente fase, finalmente la sacó del camino. “Es una pena que no se lo haya hecho por méritos, ojalá lo puedan encaminar de mejor forma”, reclamó Cruz durante una conferencia de prensa.
l mes siguiente la abogada paceña sustentó su permanencia en el cargo. “En el marco de la Ley 870 y de la resolución que me asigna el interinato desde la ALP, la norma y la resolución son muy claras, que el interinato dura hasta la selección, elección y designación de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo por la ALP”, declaró.
Ante el fracaso de la elección, Cruz continuó en el cargo hasta septiembre.
En esos ocho meses llamó a diálogo a los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Pero semanas después, la senadora Virginia Velasco, del MAS, la puso en evidencia. “Ella, como Defensora del Pueblo interina, jamás ha estado en el lugar de los conflictos y como no ha estado en el lugar de los conflictos, qué moral puede tener”. La legisladora recordó el conflicto cocalero con la toma del mercado de la coca en Villa El Carmen y dijo que Cruz no estuvo en aquel lugar para velar los derechos de las personas agredidas.
Cruz tampoco asumió una postura con la situación de la expresidenta Jeanine Añez.
La exmandataria identificó que Cruz hizo “oídos sordos” a la vulneración de sus derechos.
“Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo son fundamentales en la defensa de los derechos de los bolivianos. Hasta ayer, Nadia Cruz hizo oídos sordos y vista ciega de la vulneración de todos los derechos de Jeanine Añez, subordinando la autonomía institucional al régimen del MAS”, publicó el entorno de Añez en sus cuentas de las redes sociales.
Cruz respondió por la misma vía. “Siempre se brindó acompañamiento que demostró la inexistencia de afectación a tus derechos. Mi opción es por las víctimas, no por quienes usaron el poder y fuerza letal para mandar a ejecutar población civil. Que la impunidad no te siga cobijando. Ni olvido, ni perdón ¡Justicia!”, escribió.
La viceministra
Para la oposición, el nuevo rol de Cruz “es un premio del MAS” por haber defendido a su gobierno, sostuvo la senadora Centa Rek, de Creemos.
“Cualquier discurso de odio que se ha desarrollado a lo largo de estos años en contra de mi persona, me imagino que recae en la libertad de expresión”, replicó la jurista.
Pero sus acciones hablaron por ella. En toda su gestión, no se pronunció en al menos 10 casos: los excesos de la Policía contra manifestantes en octubre de 2019, la muerte de dos cívicos en Montero, el deceso de Limbert Guzmán en Cochabamba, la muerte de Julio Llanos, el ataque en Vila Vila, la arremetida con armas en Playa Verde, la quema de recintos policiales y la muerte del sargento Alcón, la quema de viviendas, los bloqueos que impidieron el paso de oxígeno en 2020 y el caso Las Londras.
“Todos los defensores del Pueblo, por la manera en que son nombrados, realmente tienen un sometimiento con el partido de Gobierno. No existe una Defensoría del Pueblo independiente”, insistió Rek. Para Lissa Claros, de CC, “Bolivia jamás ha tenido una Defensora del Pueblo; el actual Defensor del Pueblo seguramente cuando culmine su gestión igualmente va a ser ministro o va a estar en algún cargo público. Ése es el modus operandi del MAS y con esto se confirma el pasanaku de pegas masistas”.
Según el artículo 67 del estatuto del MAS, presentado en 2021 ante el Tribunal Supremo Electoral, para ser funcionario público se debe ser militante de ese partido y además, aportar.
Al irse y con conocimiento de causa, Cruz reconoció una “alta politización” en la Defensoría, así como en otras entidades.
Juan Del Granado, abogado y exalcalde de La Paz, manifestó que “la Defensoría del Pueblo es un instrumento esencial para la construcción del Estado de Derecho, en esa relación compleja de la autoridad con la sociedad”. Nadia Cruz Tarifa, amante de los perros, dejó el cargo sin aportar ni en la lucha por el medioambiente.
Pagina Siete
Acerca del autor
