Movimientos sociales y piqueteros de izquierda se manifiestan este viernes ante el Ministerio de Capital Humano, en Buenos Aires, y en otros puntos del país para protestar contra el plan de ajuste del Gobierno argentino y su política de eliminar la mediación de organizaciones en la ayuda a los pobres.
Los manifestantes denuncian «una política sumamente hambreadora (sic)» del Ejecutivo de (Javier) Milei porque dicen que dejó de asistir a los más de 44 mil comedores comunitarios de todo el país, de los cuales dependen miles de familias de barrios vulnerables, en un contexto de alta pobreza y una inflación en alimentos de 296,2% anual.
Milei «desabastece los comedores barriales como parte del ajuste» del Fondo Monetario Internacional (FMI) y «para atacar a la fracción más combativa de la clase trabajadora», como se define este movimiento piquetero, y «en contraste, firma convenios millonarios con organizaciones ligadas a las iglesias evangélica y católica para tercerizar en ellas la asistencia alimentaria, a cambio de sus servicios de contención».
Otro de los reclamos de los piqueteros es un aumento «de emergencia» de los programas sociales y contra la intención de desenganchar el valor del salario mínimo vital y móvil.
El Frente de Lucha Piquetero -que integra el movimiento de izquierda Polo Obrero-, junto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) -que lidera un exprecandidato presidencial del peronismo, Juan Grabois- y otras organizaciones sociales desarrollan este viernes más de 500 cortes de ruta en Argentina.
También, una concentración frente al Ministerio de Capital Humano, donde protagonizaron forcejeos con la Policía Federal, que busca asegurar que las protestas no corten las calles, y denunciaron que fueron atacados con gas pimienta.
En un comunicado, la cartera, que dirige Sandra Petrovello, respondió que está comprometida en «eliminar la intermediación» y que «ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el Estado».
Capital Humano aclaró que la compra de alimentos secos que administraban las organizaciones sociales representa solo el 4,2% de la inversión estatal en materia alimentaria, y que decidió que ese reparto «sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran», para «terminar» con lo que considera una «herramienta de extorsión» y un «negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos».
El 24 de enero pasado, la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país y que se define como peronista, convocó a un paro general, y este viernes los piqueteros «exigieron» otro «paro nacional y un plan de lucha contra esta ofensiva antiobrera».
EFE
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