El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, calificó a la Ley 3058 de Hidrocarburos de “obsoleta” y señaló que su despacho trabaja en un anteproyecto de ley para impulsar la inversión en exploración petrolera.
“Hoy esa ley es obsoleta, es una ley que no sirve a los intereses del país y que nos genera inclusive un viacrucis en la aprobación de los distintos proyectos”, manifestó Molina citado en un boletín de prensa.
Esta norma, promulgada en mayo de 2005, estableció el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con un 32 por ciento sobre la producción fiscalizada. Este marco normativo fue observado en reiteradas oportunidades por analistas del área que consideraron que desincentiva la inversión extranjera.
Varios años después, desde el Gobierno de Luis Arce se alzan voces que respaldan esta postura. De acuerdo con Molina, “no existen los incentivos necesarios para que las empresas petroleras puedan invertir más en exploración”.
Desde 2012, indicó, la exploración de nuevos reservorios de gas no tuvo resultados positivos y desde 2015 no se realizaron nuevas exploraciones para aumentar las reservas de gas y líquidos.
En esta línea, el Ministerio de Hidrocarburos prepara un anteproyecto de ley para promover las inversiones en exploración y explotación, para impulsar la producción y reposición de reservas. Las mismas, en palabras del presidente Luis Arce, se han agotado y el país ya no tiene los recursos para buscar más por su cuenta.
La caída en la producción de gas ha mermado los ingresos del país, más aún, considerando que desde abril de 2022 se comenzó a gastar más en importación de combustibles subsidiados que en la exportación de hidrocarburos.
Con la normativa actual, la autorización para suscribir contratos y aprobar proyectos puede demorar hasta dos años. “Creemos que es un camino muy pernicioso frente a la necesidad que tiene el sector”, destacó Molina.
En el futuro inmediato se prevé el cierre del mercado argentino, que se autoabastecerá. Para 2030, si la tendencia al declive continúa, el mercado brasileño podría correr riesgo e incluso Bolivia pasaría a ser importador de gas natural.
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