El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, pidió no “desviar” ni “entorpecer” las investigaciones por el caso de trata de personas y dejó en manos de la comisión de fiscales la decisión de incluir en la investigación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
La pasada semana, Cindy Saraí V. P., presunta víctima de Evo Morales, presentó ante el Ministerio Público una solicitud para que se incluya a las autoridades mencionadas en el caso que se investiga.
“No quieran desviar o entorpecer un hecho en el cual el Ministerio Público, con base en los indicios, ya imputó a estas personas (Evo Morales y la madre de la presunta víctima). La ampliación de investigación que pide la víctima será analizada por la comisión de fiscales. Esto no desmerece la imputación formal ya presentada, la cual deberá ser valorada por la autoridad jurisdiccional en la audiencia del 14 de enero, si esta llega a instalarse conforme al procedimiento”, señaló Mariaca.
Según la presunta víctima, ambas autoridades tenían conocimiento del caso desde 2019, ya que habrían facilitado su salida hacia Argentina junto con su hija menor y su familia.
En un documento que circula en redes sociales, la presunta víctima detalla episodios que, según ella, evidencian cómo ambas autoridades estaban al tanto de los hechos, lo que pone en duda la objetividad de la investigación. Por ello, solicitó al FGE que amplíe la investigación contra ellos.
Mariaca explicó que el caso cuenta con una comisión de fiscales, a quienes se remitió la documentación presentada por la víctima para su análisis. Serán ellos quienes determinen si se ampliará la investigación o no contra Del Castillo y Gutiérrez.
“En el plazo establecido, la comisión de fiscales que lleva adelante la investigación determinará si amplía la investigación contra las personas mencionadas en el memorial, si desestima las acusaciones o si observa la documentación presentada. Esta decisión será exclusivamente de la comisión de fiscales”, explicó Mariaca.
Estas controversias surgen después de que el Ministerio Público presentara una imputación formal y emitiera una orden de aprehensión contra Evo Morales. El expresidente está acusado de “satisfacer sus necesidades sexuales” con la presunta víctima y de embarazarla cuando ella era menor de edad.
En la imputación, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el exmandatario y la madre de la menor. Ambos fueron citados por edicto para comparecer de forma presencial en la audiencia cautelar programada para el 14 de enero en Tarija.
Finalmente, el Fiscal General anunció que solicitará un informe a la Policía para que explique por qué no se ejecutó la orden de aprehensión contra Morales.
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