Algunas vieron morir a sus compañeros de vida en sus brazos, en puertas de hospitales, otras no lograron siquiera ver el cadáver. Por meses, 60 de ellas viven un “calvario” para cobrar el seguro de vida.
Luego de perder a sus compañeros de vida, las viudas de policías que fallecieron “en cumplimiento de su deber”, afectados por el coronavirus, luchan contra otras secuelas que les dejó la enfermedad: la discriminación y la burocracia estatal.
Aún lloran por sus pérdidas, varias de ellas viven desde hace meses un “calvario” para cobrar sus beneficios y el seguro de vida, dinero que en gran parte será destinado al pago de deudas.
“Es un calvario, ni siquiera me dejaron llorar bien la muerte de mi esposo (16 de julio de 2020). No me pude despedir, no tengo ni una foto de su cuerpo, ni siquiera estoy segura de que enterramos el suyo. Entre la funeraria y el cementerio me sacaron 26.000 bolivianos, nadie nos ayudó. Al día siguiente (del funeral) me llamaron para que inicie los trámites, pero mire, ni le he llorado bien y pasaron meses sin poder cobrar lo del seguro de vida y las AFP (terminó los tramites la semana pasada), además que nos tratan mal y todo es para pagar las deudas, es insostenible”, lamentó, por ejemplo, María Eugenia Apaza Mamani, viuda del sargento segundo Víctor Hugo Copaquira Castañeda.
Como ella, más de 60 mujeres, de las 192 víctimas registradas en la Policía, se vieron desamparadas ante las complicaciones que les impuso la burocracia estatal para probar que eran las esposas, que tenían hijos, que sus esposos evidentemente fallecieron por coronavirus y que se contagiaron “en cumplimiento de su deber”.
En los casos más graves, las viudas llevan más de seis meses recorriendo las calles de La Paz, de institución en institución, acudiendo a las ventanillas luego de horas de largas filas.
El sufrimiento es mayor cuando se trata de viudas que llegan de otros departamentos y deben recurrir a “trucos” para lograr un avance en su papeleo ante el Comando General de la Policía, y Univida, la empresa de seguros que solicita requisitos distintos en cada caso, sin que ellas entiendan las razones, afirma Jhasmín Gutiérrez Aliaga, esposa del sargento primero Juan Pablo Laura Rivero, el primer policía muerto por la Covid-19, el 23 de junio de 2020.
“El día que lo enterraron (26 de junio) era su cumpleaños, iba a cumplir 43 años”, recuerda la viuda, quien quedó a cargo de tres hijos y ahora debe dividir el dinero de los beneficios sociales con la familia de la primera relación de su esposo y las deudas que asumió por la atención médica de ella, el fallecido y su bebé de menos de un año.
El nombre de Jhasmín es conocido entre las viudas, varias le agradecen la guía que les proporcionó en medio del dolor y el desconocimiento de cómo hacer valer sus derechos, ante intentos de extorsión de dirigentes y funcionarios que les pidieron: “Me tienes que reconocer el 10%” o “para los pasajes”, por lo que decidieron formar una asociación, para la cual ya tienen un libro notariado en el que recolectan las firmas para lograr su personería jurídica.
“Creo que nadie más que otras esposas van a entender el dolor y todo lo que debemos pasar luego de perder a nuestros compañeros, con los que teníamos tantos planes y de la noche a la mañana lo hemos perdido todo y nos quedamos con deudas y los hijos para mantener”, afirma Gutiérrez.
Pagina Siete
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