El ministro Molina confirmó que en las siguientes semanas se presentará un proyecto de modificación a la Ley 3058. Desde Tarija demandan conocer el contenido de esta nueva normativa
El pasado domingo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, confirmó que se ultiman detalles de un proyecto para la modificación de la Ley 3058 de Hidrocarburos, desde Tarija demandan que las propuestas que tienen las regiones productoras sean consideradas.
Molina argumentó que los cambios a la normativa actual, se hace porque no acompaña a las inversiones en proyectos hidrocarburíferos en el país, ya que la vigente Ley 3058 data de mayo del 2005 y ha quedado desfasada en esta área.
“Estamos trabajando con especialistas para presentar en próximas semanas este proyecto de ley. Este es un aspecto que nos demuestra, que nos pone en evidencia la dificultad a la inversión en el sector”, señaló el Ministro.
Aunque Molina aseguró que para la elaboración de ese anteproyecto, su despacho trabaja con diferentes sectores, entre ellos legisladores nacionales y departamentales, además con las empresas operadoras en el país, porque son las que invierten en Bolivia, desde Tarija, tanto el Comité Cívico como la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), dijeron desconocer la propuesta.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, señaló que solamente por los medios de comunicación se enteró que se está trabajando en este proyecto modificatorio de ley, más no conoce a detalle el contenido del mismo.
“Nos llama poderosamente la atención, como departamento de Tarija no tenemos conocimiento y vamos a hacer una petición formal para que nos informen, es decir, que hay varios aspectos y elementos que tienen que estar contemplados en esta ley, como la seguridad jurídica para la inversión interna y externa, y otro es que la nueva ley de hidrocarburos debe beneficiar al departamento de Tarija”, afirmó.
Gira enfatizó que en esta nueva ley se debe incluir la “compensación” para las regiones productoras. Explicó que, al margen de recibir regalías, que se reconozca el uso del gas para la generación de energía eléctrica u otro tipos de industrias del Gobierno Nacional.
El dirigente cívico recordó que en la gestión pasada ya se hizo un conversatorio con las regiones productoras de hidrocarburos, en donde se analizaron los aspectos que deberían ser contemplados en la nueva ley.
“Como Tarija, como departamento productor, no conocemos (este proyecto de ley), ojalá que no se lo apruebe. Ahí van a jugar un papel muy importante nuestras autoridades legislativas del departamento, que tienen que estar al cuidado”, mencionó.
Sobre este tema, el asambleísta departamental por Unidos, Luis Lema, mencionó que el retardo del Gobierno por elaborar una nueva ley de hidrocarburos, a sabiendas que la actual se encuentra desfasada, obedeció a cuestiones ideológicas de izquierda, revalorizando la “nacionalización”.
Lema enfatizó que en materia hidrocarburífera la premisa es que se pueda atraer capital privado de empresas petroleras, para ello el Estado debe garantizar las condiciones para que éstas puedan llegar.
El legislador departamental manifestó que el problema de política hidrocarburífera del país es estructural, y que requiere cambios profundos, que no solamente pasan por establecer una nueva ley de hidrocarburos, sino también por el hecho de terminar con los interinatos en la estatal petrolera YPFB, garantizando una institución transparente y alejada de hechos de corrupción, como se suelen dar actualmente.
El País buscó contactar al director de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, pero no se tuvo éxito. Sin embargo, con anterioridad había mencionado que se estaban buscando canales de diálogo con el Gobierno para abordar el tema hidrocarburífero.
Jubileo plantea 8 propuestas para la ley
La Fundación Jubileo planteó ocho propuestas para la nueva ley de hidrocarburos. Estas tienen que ver con generar un entorno de negocio para atraer y viabilizar la inversión; asentar la institucionalidad en el sector público; establecer una política de transparencia y acceso a información; disponer condiciones previas sobre el respeto al ordenamiento territorial; determinar características para los contratos de exploración y explotación; ajustar condiciones en el mercado; ajustar el régimen fiscal; y establecer lineamientos básicos sobre el uso de la renta hidrocarburífera.
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