El registro electoral ha estado en el centro de la atención pública desde 2019 cuando hubo la “manipulación dolosa” a los registros electorales. Las fuerzas políticas y precandidatos exigen que este registro sea lo más confiable posible
Antes de las elecciones generales del 17 de agosto, el padrón electoral será sometido a una auditoría por expertos de las universidades públicas y privadas de Bolivia, y también, los datos de este registro de ciudadanos serán cotejados por entidades internacionales, expertas en el tema.
“Para cada ciudadano, una huella”, es la premisa que persigue el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ratificó que se realizará una auditoría al padrón electoral, trabajo que cuenta con el respaldo del Gobierno, Legislativo y organizaciones políticas.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, informó a EL DEBER que la auditoría al padrón electoral antes de las elecciones generales se dará por dos rutas: una que hará el sistema universitario boliviano y otra que estará a cargo de entidades internacionales expertas.
“Es bueno que las universidades puedan ser parte de esta auditoría, con ellas vamos a suscribir un convenio, y no solamente eso, nosotros (los vocales) estamos haciendo otros esfuerzos adicionales para que nuestros pares como la Capel, Uniore, o como ejemplo le doy, el Instituto Nacional de Estadística de México o de Colombia, vengan al país y hagan también su testeo o auditoría (al padrón electoral)”, anunció la autoridad electoral.
Es así que el tema del padrón electoral, las constantes dudas sobre su transparencia y los constantes pedidos de la clase política a que se haga una auditoría, impulsaron a que el TSE pida al sistema universitario boliviano, público y privado que realice este trabajo, tarea que se plasmó en un documento que según el vocal Tahuichi será suscrito de forma pública en los próximos días.
“Todavía no se ha suscrito el convenio como tal, estamos a la espera, hemos remitido el borrador del convenio a la CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana). Entiendo que la CEUB ha renviado ese convenio a las universidades que forman parte de la CEUB. En el transcurso de esta semana o la siguiente semana a más tardar tendremos un borrador y podamos firmar y lo vamos a hacer de forma pública”, aseguró.
El objetivo general de la auditoría es la verificación de la biometría del ciudadano de modo tal que para cada ciudadano solo exista una huella dactilar.
“Pedimos públicamente a las organizaciones políticas que, llegado el momento, puedan acompañar el trabajo de las universidades púbicas a través de sus delegados técnicos. Lo que pretendemos es que todos los bolivianos tengan la seguridad de que el padrón es un instrumento confiable”, dijo Hassenteufel.
De su lado, Tahuichi estima que el testeo al padrón electoral de las entidades internacionales será paralelo a la auditoria que haga el sistema universitario. “Estamos convencidos que cuantos más ojos miren nuestro padrón generará más confianza y que no exista ninguna duda”.
¿Y cuánto tiempo tomará realizar ese trabajo de auditoría?, consultó este medio a la autoridad. Tahuichi respondió que ese control se podrá realizar entre siete a 15 días porque es un trabajo enteramente técnico.
Además, el trabajo de auditoría al padrón electoral no demandará mayor presupuesto del TSE, aparte de cubrir los viáticos, pasajes, alojamiento y alimentación que requieran los expertos de las universidades del interior que lleguen a La Paz para hacer este control. Tahuichi estimó que incluso esos recursos podrían conseguirlo del PNUD.
En relación al testeo que se prevé harán las entidades internacionales al padrón electoral, el vocal Tahuichi adelantó que las mismas entidades internacionales que llegarán a Bolivia como veedores harán ese trabajo. “Es una práctica de estos organismos hacer esos cotejamientos técnicos. Nosotros hemos dispuesto la más amplia apertura en la información”.
Padrón cuestionado
La confiabilidad en el padrón electoral y una auditoría al mismo es uno de los puntos más importantes que se trató el lunes en el tercer “Encuentro multipartidario e Interinstitucional por la democracia”, que reunió a autoridades de los órganos Electoral, Ejecutivo y Legislativo, además de líderes políticos.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, citó lo mencionado por varios sectores sociales sobre todo políticos que “aunque no tengan una base de veracidad”, aseguran que el padrón electoral “no es confiable, aunque nunca se mostró prueba alguna para acreditar tales afirmaciones”.
La autoridad electoral recordó que en 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría integral al padrón electoral. “El informe señaló en sus conclusiones que mostraba una consistencia del 98.9% y que era y es un instrumento confiable para la celebración de elecciones”.
Después de 2017, las elecciones de 2019 fueron anuladas por el expresidente Evo Morales, en medio de una convulsión social que denunciaba que hubo “fraude electoral”. En esa oportunidad la OEA también hizo una auditoría a las elecciones y concluyó que hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que hacía imposible validar los resultados.
Hassenteufel rememoró esos hechos para llamar la atención a los políticos y objetar su posturas y críticas al padrón electoral:
“Es una evidente falta de coherencia creer a pie juntillas en lo que dijo la OEA en 2019 en relación al proceso electoral de ese año y no creer en lo que dijo dos años antes en relación al padrón. O la OEA se equivocó en las dos oportunidades o dijo la verdad en ambas. No es posible que pueda ser verdad en un caso o mentira en el otro”, reclamó la autoridad.
Listas
En la declaración conjunta suscrita el 17 de febrero dice también que el TSE entregará a las organizaciones políticas “la información que la Ley permita sobre el padrón electoral (datos de habilitados, inhabilitados y estadísticas) con las debidas medidas de seguridad”.
“Vamos a trabajar en estos días para ver qué información se puede entregar a los partidos políticos haciendo esta salvaguarda. Hacemos esto para que los partidos puedan cotejar y contrastar datos”, explicó Tahuichi.
Las listas de habilitados e inhabilitados se entregarán a los partidos 30 días antes de la jornada de votación del 17 de agosto, según el acuerdo político interinstitucional.
Acerca del autor
