La entidad estatal elaborará una estrategia de defensa con abogados bolivianos; un Consejo de especialistas define si el Estado cumple o no las recomendaciones de la CIDH en cada caso de violación de derechos humanos, entre ellos la ejecución sumaria
La Procuraduría ratificó que el Estado boliviano no está dispuesto a asumir todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la primera denuncia de violación de derechos humanos en el fallido caso Terrorismo. Es así que se resigna y se prepara para “definir una estrategia” y enfrentar, por esta asignatura, un primer proceso judicial por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH).
Si en 15 días, es decir, hasta el 11 de abril de este año, el Estado no cumple con las cuatro recomendaciones que la CIDH le hizo a Bolivia en el caso número 13546 de “Mario Francisco Tadic Astorga y otros”, el caso será enviado a la Corte Interamericana que será la en cargada de emitir una sentencia vinculante e inapelable contra Bolivia por incumplimiento.
Hasta la fecha, el procurador general del Estado, César Siles, desahució en al menos dos ocasiones el pago de una indemnización económica a la familia de Michael Martin Dwyer, uno de los tres hombres ejecutados en el Hotel Las Américas, que está dentro de este primer caso y que ya tiene un informe de fondo de la CIDH.
“Si el 11 de abril no hay un cumplimiento a las recomendaciones al Estado boliviano, el caso se va a ir a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)”, respondió el procurador César Siles ante una consulta de EL DEBER.
Después puntualizó: ”Lo cierto es que ahora la instancia competente para resolver la petición que han hecho a la CIDH las personas involucradas en el caso hotel Las Américas, es la Corte Interamericana y tenemos que regirnos a sus reglas y condiciones”.
Para el Estado boliviano “es inalcanzable” cumplir la recomendación de indemnizar económicamente a la familia de Dwyer con dos millones de dólares, ya que es “muchísima plata para el Estado boliviano”, por lo que la Procuraduría asumirá defensa “con abogados bolivianos de la Procuraduría y no contratando abogados extranjeros”.
¿Se procesa a Evo Morales?
“Sin embargo, no nos adelantemos a los hechos, porque no solamente la recomendación es indemnización”, afirma Siles e hizo votos para que el Estado no sea procesado por la Corte-IDH, por violación a los derechos humanos en el caso terrorismo.
¿Y en qué basa su esperanza? En el hecho que la CIDH amplíe el plazo para que Bolivia cumpla las cuatro recomendaciones que le hizo, es decir, más allá del 11 de abril, o que considere que el Estado sí cumplió parte de esas recomendaciones y decida no activar el juicio.
“Sí estamos cumpliendo (las recomendaciones, como) la activación de procesos, el tema de salud, capacitaciones a los jueces y demás (temas) que tendrá que valorar la Comisión Interamericana, si es que considera que por lo menos el porcentaje de cumplimiento es razonable para no llevar el caso a Corte, darnos posiblemente una ampliación de plazo o finalmente llevar el caso a la Corte Interamericana”, manifestó Siles.
La cuarta recomendación de la CIDH al Estado en este caso es identificar a los responsables e imponer sanciones por las graves violaciones de derechos humanos, punto que puede involucrar al expresidente Evo Morales ya que él en persona ordenó el operativo de intervención en el hotel Las Américas y que después desembocó en el caso denominado Terrorismo, una causa fallida que nunca se pudo comprobar.
¿En cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, el Estado activó el proceso contra el expresidente Evo Morales? Consultó este medio al procurador Siles. La autoridad respondió sin mencionar nombres: “Existen procesos abiertos ante los cuales la Procuraduría se está apersonando”.
Un Consejo que decide
Pero el cumplimiento o no a las recomendaciones de la CIDH en casos de denuncias por violaciones a derechos humanos no es un tema que el Gobierno tome de forma ligera, sino todo lo contrario.
Por ello, tiene un mecanismo de avance para conciliar con las víctimas de violación de derechos humanos y es el Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Materia de Derechos Humanos (Cesadh) que se creó mediante la Ley 936 del 3 de mayo de 2017.
En este Consejo que está conformado por la Procuraduría, la Cancillería y el Ministerio de Justicia, “se deciden cuáles acuerdos de solución amistosa se firman y cuáles no se firman”, reveló Siles.
“El objetivo que tiene este Procurador es poder llegar a los acuerdos que están todavía en mesa. Estos procedimientos de solución amistosa los acompaña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en muchos casos ya hemos avanzado”, agregó la autoridad.
Más denuncias
Además de la primera petición ante la CIDH, que ya tiene informe de fondo y recomendación al Estado, existen unas 12 denuncias admitidas, también por el caso Terrorismo, mismas que están en proceso de investigación y que tienen informe de admisibilidad.
Entre ellos están peticiones del expresidente de Cotas, Ronald Castedo Allerding cuya denuncia fue admitida por la CIDH, en marzo de 2016. Otro caso es el del actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, cuya petición fue admitida el 25 de septiembre de 2022.
Los otros casos admitidos son el de Hugo Paz Lavadenz, del exdirigente cívico Branko Marincovic, el de Ronald Enrique Castedo Allerding, de junio de 2021; el de Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, admitida en junio de 2021; el de Juan Carlos Santistevan López y familiares, de septiembre de 2021.
El abogado Gary Prado indicó que lo más probable es que este año, la CIDH emita los otros informes de fondo y unifique todos los casos en un solo proceso contra el Estado boliviano, porque son casos del mismo tema. “No tendría sentido denunciar una causa por cinco (víctimas) y después por otro y por otro. Lo más lógico es que se acumulen todas porque son violaciones ocurridas en el mismo contexto, es decir, en el caso de supuesto terrorismo, salvo, el caso de Michel Dwyer que fue ejecutado. Las otras violaciones de derechos humanos son las mismas”, afirmó a EL DEBER.
El Deber
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