El Colegio de Abogados de Santa Cruz denunció que el delegado defensorial, Pedro Callisaya, trata de encubrir la violencia estatal cometida por la Policía, el Ministro de Gobierno y la Fiscalía que no investiga.
La Defensoría del Pueblo informó ayer que se admitieron 77 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos generadas durante los 36 días del paro cívico realizado en Santa Cruz, entre los meses de octubre y noviembre de 2022, cuando se promovieron protestas en demanda del censo. La mayoría de los casos se enfocan en los conflictos entre sectores civiles y tres de ellos son por la muerte violenta de personas.
Sin embargo, el reporte emitido ayer por el delegado defensorial, Pedro Callisaya, fue criticado por el diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC); el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros; y el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, quienes acusaron a Callisaya de pretender “encubrir la violencia estatal”, ya que sólo investiga 10 casos de abuso policial y no a “grupos paraestatales del MAS”.
Informe
“Los conflictos suscitados en ocasión (de la demanda) del censo, en el departamento de Santa Cruz, son eventos que no pueden volver a pasar porque generan, producen, vulneración de derechos”, afirmó Callisaya ayer en una conferencia de prensa. Presentó una cartilla con un informe preliminar sobre la admisión de 77 denuncias entre las que se incluyen tres casos de muertes violentas.
El primer hecho se trata de la muerte de Julio Taborga, funcionario municipal de Puerto Quijarro, de quien el Gobierno informó que había muerto por una supuesta agresión cometida por cívicos de esa región. Al final, uno de los hijos de la víctima reveló que Taborga fue obligado a asistir a un “desbloqueo”, por orden de autoridades municipales militantes del MAS, y que su muerte se dio por la intoxicación con gases lacrimógenos lanzados por los policías; además que, al contrario, fueron los cívicos quienes le dieron los primeros auxilios.
El segundo caso es por la muerte de un motociclista que chocó contra un cable que atravesaba la calle para impedir el tráfico, el cual lo afectó a la altura de su cuello. El tercer caso es el asesinato de un cívico que hacía vigilia en un punto de bloqueo y fue agredido con puñaladas por un grupo de delincuentes, quienes terminaron arrancándole el corazón.
Sin embargo, el representante del Conade calificó el informe de Callisaya como sesgado y que tendría la intención de encubrir a los “grupos paraestatales del MAS que actuaron en coordinación con la Policía”. Morales dijo que durante la represión ordenada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los medios de comunicación grabaron cómo los uniformados plantaban pruebas (explosivos) entre las pertenencias de jóvenes detenidos.
Por su lado, el diputado Pedrazas señaló que Callisaya debe recordar que la Defensoría del Pueblo tiene la misión de proteger los derechos humanos de la población, contra la vulneración del Estado y sus funcionarios. El legislador criticó el video difundido por la Defensoría ayer, el cual -en su criterio- tenía una carga ideológica destinada a estigmatizar de forma negativa al sector de los cívicos.
“Callisaya es un defensor del MAS y para el MAS, elegido por el MAS en la Asamblea Legislativa; carece de legitimidad y creo yo que sus informes no deben ser tomados en cuenta. Al contrario, él parece responder al Estado y no a la población que denuncia la violación a derechos humanos, cuya protección está bajo responsabilidad del Estado”, enfatizó Pedrazas.
Asimismo, el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz señaló a Callisaya por tornarse en “defensor de un partido político, de la Policía, del Ministro de Gobierno; vivimos en una dictadura y este señor hace un juego pernicioso y malicioso, porque trata de hacer ver que son los ciudadanos y no el Estado el que vulnera los derechos humanos”, cuestionó Oros.
El abogado sostuvo que el paro cívico de 2022, en demanda del censo en 2023, se inició por la “mentira, el incumplimiento de deberes y la violación a derechos por parte del Gobierno del presidente Luis Arce, sus ministros, del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) que no cumplieron con la realización del censo, pese a que eso es un delito”, manifestó.
36 FUERON LOS DÍAS
que duró el paro cívico en Santa Cruz, que demandaba el censo en 2023.
Página Siete
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