La defensa del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) insistió este martes en que la investigación en su contra por presunta trata de personas es un caso «armado» y «político» con el que se busca inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025.
Los abogados Cecilia Urquieta y Marcelo Galván, que son parte de la defensa de Morales, explicaron a los medios en La Paz que el proceso contra el exmandatario está «viciado de irregularidades» y «vulneraciones a los derechos fundamentales», un día después de que la Fiscalía presentó la imputación formal de este caso.
«Se trata de un proceso armado, un proceso político que es parte de esta guerra judicial que se ha iniciado en contra del hermano Evo Morales», señaló Urquieta.
Según la jurista, en Latinoamérica hay una «ola de procesos» y de guerras judiciales contra otros líderes izquierdistas, como la argentina Cristina Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa.
«Ahora (eso) se está dando con el exacto mismo libreto en Bolivia en contra del expresidente Morales para inhabilitarlo en las próximas elecciones», aseguró.
Urquieta alegó que «no puede haber una imputación sin que haya una declaración» de las personas investigadas, por lo que sostuvo que es «ilegal» la presentación de la acusación formal contra el exgobernante.
«Si mañana existe un intento de aprehensión en contra del hermano Evo Morales, estamos hablando de actos ilegales, contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales», afirmó.
A su turno, Galván repasó las acciones de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, que investiga el caso, e indicó que todos los actos realizados hasta el momento «tienen vicios de nulidad absoluta», por lo que «no se puede continuar con el proceso».
El abogado mencionó que una acción de libertad tramitada en octubre dejó «sin efecto» la orden de captura emitida entonces contra Morales y que esa misma resolución indica que el caso debería llevarse en la región central de Cochabamba, donde tiene su bastión político y reside el exmandatario, y no en Tarija.
También sostuvo que Morales «no tiene por qué someterse a un proceso viciado de actividad procesal defectuosa» y consideró que con este tema se busca distraer la atención del fracaso que, a juicio de los abogados del político, hubo en las elecciones judiciales celebradas el domingo.
Los antecedentes
Más temprano, Morales señaló en la red X que es «víctima de una brutal guerra jurídica ejecutada por el Gobierno de Luis Arce» que, aseguró, lo acusa «sin pruebas».
El Ministerio Público imputó formalmente en la víspera al expresidente boliviano y a la madre de la presunta víctima de un caso de trata de personas que comenzó a investigarse en septiembre.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo y los padres de la supuesta víctima «lucraron» con ella al entregarla al exmandatario a cambio de «favores».
La Fiscalía solicitó la alerta migratoria para Morales y la madre de la joven, y prevé pedir la detención preventiva del político por seis meses.
Ante la posible detención del exgobernante, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre para defenderlo.
Morales no ha salido desde octubre del Trópico de Cochabamba, su bastión en el centro del país, donde es resguardado por centenares de cocaleros, que son su base sindical y política.
Además del caso en Tarija, en Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra Morales y el mes pasado se conoció que se abrió una investigación penal en su contra por supuesta trata de personas y abuso sexual en Argentina, donde vivió durante un año, desde finales de 2019, cuando renunció a la presidencia.
Estas investigaciones contra el político se dan en medio de su pugna con el presidente Arce por el control del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
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