“Como CSUTCB, como anticipamos hace unos días nos estamos sumando a esta huelga por la patria. Hay otros compañeros que se están sumando para decirle a Jerges Mercado (Presidente de Diputados) a este traidor que de una vez convoque a sesión para tratar las elecciones judiciales”, afirmó el dirigente Humberto Claros, del ala evista de la organización social.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) paralela se unió este lunes a la huelga de hambre iniciada por diputados del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) para exigir que el pleno de la Cámara Baja trate la Ley de las Elecciones Judiciales.
“Como CSUTCB, como anticipamos hace unos días nos estamos sumando a esta huelga por la patria. Hay otros compañeros que se están sumando para decirle a Jerges Mercado (Presidente de Diputados) a este traidor que de una vez convoque a sesión para tratar las elecciones judiciales”, afirmó el dirigente Humberto Claros, del ala evista de la organización social.
El dirigente, en ese sentido, afirmó que se tomó la decisión de apoyar la medida de los legisladores “evistas” para “defender la democracia”.
“El pueblo boliviano tiene que sumarse a la huelga porque está en riesgo la democracia, que está siendo boicoteada por (Jerges) Mercado, sus diputados renovadores y evidentemente el Gobierno que está empezando a imponer un estado fascista”, acotó el dirigente.
La CSUTCB paralela, cabe recordar, es la identificada y reconocida por el líder del MAS, Evo Morales; mas no así por el Gobierno pues fue elegida fuera del Congreso de la organización, instancia que eligió a Luciano Quispe como su máximo representante.
Esta tarde se unió a la huelga de hambre iniciada hace seis días por legisladores del ala evista, que exigen que se convoque a una sesión de la Cámara Baja y se trate la Ley de las Elecciones Judiciales que fue aprobada por el Senado.
Este lunes, además, cuatro de los legisladores tomaron la decisión de radicalizar sus medidas, se trata de Héctor Arce, Santos Mamani, Boris Colque y Renán Cabezas.
La posición de los legisladores van de la mano con lo expresado por el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien cree que se busca alargar el mandato de los actuales magistrados a cambio de inhabilitarlo de las elecciones generales del 2025.
“La huelga de hambre de hermanas y hermanos diputados del MAS-IPSP en el Legislativo es una medida de presión que busca el respeto a la Constitución para salvar la democracia. La elección de magistrados es un derecho del pueblo boliviano. Las maniobras políticas para atrasar o hacer fracasar la ley de convocatoria, obedecen al cálculo político de los que ofrecieron a algunos magistrados prorrogarse a cambio de inhabilitar a Evo. Estamos informados”, señaló Morales.
La Ley se envió a consulta
El pasado miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió, “por responsabilidad”, elevar en consulta el proyecto de Ley Transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024 ante tres ministerios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura.
La decisión fue tomada después del rechazo a la sugerencia de la oposición de dispensación de trámite y voto de urgencia para tratar el proyecto de ley. El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Juan José Jauregui, informó de la decisión y explicó que las instancias consultadas tienen un plazo de 10 días para responder.
“Hay una serie de elementos que integran esta norma, elementos incluso de índole económico porque se hace referencia a los recursos que van a ser presupuestados para la gestión 2024, dentro del Presupuesto General del Estado 2024, en consecuencia, por responsabilidad consideramos que debe remitirse en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo”, indicó.
Se consignó la consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque, de acuerdo con Jauregui, durante el debate en el Senado -donde se aprobó la ley para las judiciales- no se realizó ninguna coordinación con el ente electoral, responsable de organizar las elecciones judiciales, según la propuesta, en un plazo de 90 días.
“Consideramos que es necesario que también, formalmente, esta instancia pueda hacer llegar su criterio”, justificó.
De igual manera, la propuesta de ley fue elevada en consulta al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura porque plantea ajustes a las leyes 025 y 027.
“Por responsabilidad en el trabajo, es que estamos realizando estas consultas, debo subrayar que no es un trabajo pospuesto de manera indefinida, son simplemente unos días porque es pertinente remitir estas consultas”, insistió.
Jáuregui espera que las seis entidades respondan en un plazo de cinco días y no empleen los 10 que por normativa tienen, porque se trata de un tema urgente pues el país está esperando elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM).
La norma
La Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales fue aprobada por el Senado la pasada semana; sin embargo, la norma aún no fue tratada en Diputados y algunos legisladores condicionaron su aprobación a que también se elabore y apruebe una Ley que garantice la realización de interpelaciones a ministros de estado.
La propuesta normativa fue aprobada ayer por unanimidad y establece que el proceso de preselección de postulantes a magistrados se hará en 45 días, y la fase de organización de los comicios durará hasta 90 días calendario. Con estos tiempos, los comicios se desarrollarán a inicios de 2024, y en febrero se posesionará a las nuevas autoridades.
Asimismo, el Proyecto del Ley ordena a los actuales magistrados dejar sus cargos en diciembre de este año, como establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Una vez que cesen sus funciones, desde el 2 de enero de 2024 el personal subalterno se hará responsable de la transición en cada una de las cuatro máximas instancias, es decir en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agrario, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.
De manera excepcional, a partir de 2 de enero de 2024 quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de los magistrados cesantes “hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”, se dio lectura en la sesión de la Cámara de Senadores.
Oxigeno
Acerca del autor
