La reciente suspensión judicial de la Ley de Diferimientos de Créditos ha generado inquietud en distintos sectores, debido a que la medida afecta a miles de ciudadanos que esperaban acceder a este beneficio y porque se produjo cuando la norma ya se encontraba en proceso de aplicación.
En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, el exdiputado tarijeño Edwin Rosas expresó su preocupación por el rol que vuelve a asumir la justicia en decisiones que impactan directamente a la población, señalando que “nuevamente se paralizan leyes que ya habían cumplido con todos los procedimientos legislativos”.
Rosas explicó que la norma fue tramitada respetando cada una de las etapas establecidas en el órgano legislativo, destacando que no surgió de manera improvisada, sino que pasó por comisiones, espacios de debate y procesos formales previstos para la aprobación de cualquier ley.
El exlegislador recordó que las entidades bancarias contaron con el tiempo necesario para presentar observaciones o impugnaciones antes de que la norma fuera sancionada. “Había todas las oportunidades para que cualquier entidad financiera que se sintiera afectada presentara una acción judicial antes de su aprobación”, sostuvo.
Cuestionó, sin embargo, que la acción judicial se haya presentado recién ahora, frenando la implementación de la ley cuando ya estaba siendo aplicada y generando incertidumbre entre quienes esperaban acogerse al diferimiento.
Finalmente, Rosas lamentó que la paralización afecte directamente a familias que atraviesan dificultades económicas. Afirmó que la decisión judicial no solo detiene un beneficio social, sino que también evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de coordinación entre la justicia y las instancias legislativas del país.
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