En el juicio oral, también se dictó sentencia absolutoria para los exfuncionarios municipales Oscar B., Miguel A.S., Katina D., Cristian M. y Ricardo Z., al no haberse encontrado pruebas suficientes de la participación de los mismos en el hecho denunciado.
El exalcalde José María Leyes y el exsecretario de Finanzas Diego M. B. fueron sentenciados a tres años de presión dentro el caso de 168 procesos de contratos irregulares en el municipio de Cochabamba. Además, deberán pagar la reparación de daños a la entidad afectada.
El Ministerio Público informó que en audiencia de juicio oral se demostró con pruebas que ambos acusados son autores del delito de incumplimiento de deberes en contra del municipio y que el Juzgado de Sentencia Penal N° 8 de la capital determinó la condenatoria de tres años de cárcel que deberá cumplir en el penal de San Sebastián varones.
Se desconoce el paradero de los sentenciados y la Justicia los declaró rebeldes.
En el juicio oral, también se dictó sentencia absolutoria para los exfuncionarios municipales Oscar B., Miguel A.S., Katina D., Cristian M. y Ricardo Z., al no haberse encontrado pruebas suficientes de la participación de los mismos en el hecho denunciado.
“En el juicio se presentaron todas las pruebas producidas dentro la investigación como los contratos irregulares que fueron realizados, declaraciones testificales, auditorias, entre otros, por lo que la autoridad jurisdiccional valoró las mismas y dictó sentencia condenatoria para la exautoridad del municipio y el segundo implicado”, señaló Nuria González, fiscal departamental de Cochabamba.
De acuerdo con la investigación, el hecho se registró en 2016, el entonces alcalde José María Leyes junto a su exsecretario de Finanzas Diego M.B. realizaron 168 procesos de contratación de material de escritorio y otros equipos para oficinas de manera irregular, por lo que a denuncia de la Contraloría General del Estado se dio inicio a la investigación.
En mayo de 2023, la Justicia también sentenció a la exautoridad a cinco años de cárcel por el caso denominado Comida y dispuso la inhabilitación de cinco años en el ejercicio de sus funciones como abogado y la reparación de daños y perjuicios.
La Razón
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