En medio de un clima político aún sensible, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, deberá presentarse ante un tribunal para responder por un proceso iniciado hace más de dos años, vinculado a manifestaciones sociales registradas en el país.
En contacto con el periódico digital El Guadalupano, Torres confirmó que recibió la notificación para asistir a una audiencia judicial programada para este miércoles a las 09:00 de la mañana, en la cual enfrentará una acusación formal por el presunto delito de sedición.
El burgomaestre relató que el proceso penal se originó cuando distintos sectores se movilizaron en rechazo a la cuestionada ley 1386, normativa que buscaba endurecer controles sobre patrimonios y fortunas en el país, y que fue vista por muchos sectores como un riesgo a las libertades económicas.
Torres aclaró que durante ese periodo, desde su condición de máxima autoridad municipal, instó públicamente a la calma para impedir choques entre grupos que bloqueaban calles y funcionarios que intentaban forzar el paso, buscando evitar hechos de violencia.
No obstante, denunció que en ese contexto se instruyó a dirigentes campesinos formalizar una denuncia en su contra, tras lo cual el Ministerio Público avanzó con la imputación directa que hoy desemboca en la apertura del juicio oral.
“Este proceso tiene un trasfondo político evidente, lo vemos como una forma de hostigamiento judicial”, cuestionó el alcalde, insistiendo en que su único papel fue emitir llamados para resguardar la paz y la seguridad ciudadana.
Asimismo, la autoridad aseguró que acudirá a la cita judicial con la convicción de demostrar que no cometió delito alguno, al tiempo de expresar su confianza en que la justicia actuará con objetividad.
Finalmente, Torres lamentó que se utilicen instrumentos penales para perseguir a quienes piensan diferente, sosteniendo que este tipo de acciones generan temor y dividen a la sociedad.
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