La Comisión Mixta de Constitución y la de Justicia Plural fueron notificadas ayer por la Sala Constitucional de Pando sobre la anulación del proceso.
Finalmente llegó la notificación (no) esperada que ordena “barajar y dar de nuevo” las cartas dentro del proceso de las Elecciones Judiciales en Bolivia.
Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural dependientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fueron notificadas formalmente ayer por la Sala Constitucional de Pando con la anulación de los comicios.
Hasta poco antes de las 14:00 aún el escenario era distinto. Miguel Rejas, titular de la Comisión Mixta de Constitución, fue el encargado de dar a conocer aquello que considera como una desafortunada noticia.
“Significa que paraliza todo y desconoce el proceso que hemos realizado. Vamos a analizar para luego presentar nuestro informe. Esta Sala Constitucional y, sobre todo, los vocales han pisoteado la Constitución Política del Estado y han vulnerado los derechos constitucionales de más de 400 postulantes. Desconocen el trabajo de la Asamblea Legislativa. Es una vulneración a los derechos”, protestó Rejas.
En concreto, el fallo de la Sala señala lo siguiente: “Se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las Elecciones Judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura’, disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento (…)”.
HUBO CRUCE DE RESPONSABILIDADES
Antes de que las comisiones fueran notificadas con la anulación del proceso, se dio un cruce de responsabilidades.
Por un lado, ambas comisiones mixtas entendieron que todo estaba en manos del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca. Por el otro, desde Diputados, Israel Huaytari levantó el dedo índice para apuntar a dichas instancias como claves para que el proceso encontrara su continuidad.
El senador Rejas expresó que su equipo encaminará un informe que posteriormente será remitido al pleno de la ALP. A partir de ello, lo que aguardan es que Choquehuanca convoque a sesionar.
Huaytari también opinó. El parlamentario, de corte “arcista”, apuntó a las comisiones como las responsables de dirigir el futuro del proceso de preselección.
“Está en sus manos buscar los mecanismos para dar solución y continuidad al proceso de preselección de autoridades judiciales”, apuntó, a tiempo de dejar en claro que esperan el informe de las comisiones, para posteriormente evaluar, en conjunto, si es viable la creación de una ley corta.
“Esta presidencia no respalda a los prorrogados. Siempre hemos dicho que se debe respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y eso está en manos de la Comisión Mixta”, recalcó.
La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó, el mes pasado, la paralización del proceso de evaluación de méritos y evaluaciones orales a los más de 400 candidatos inscritos luego de que se impulsara una acción popular.
En el proceso, 405 candidatos fueron entrevistados y se introdujeron dentro de la etapa de evaluación de méritos.
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