La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, además de la representación de La Paz, se unieron al rechazo de la continuidad de los magistrados que concluyeron su mandato en diciembre de 2023 y calificaron la autoprórroga, dictada por ellos mismos, como una acción ilegal e inconstitucional.
«Es ilegal e ilegítima, y una cosa totalmente innecesaria. Yo creo que nos hacemos conflictos sin ninguna razón y esto obviamente que tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales y se hace sufrir mucho a la gente», manifestó el vicepresidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas, consultado por la red Unitel.
Centellas indicó que la posición de la Iglesia católica sobre la autoprórroga de las autoridades judiciales es de rechazo y cifró sus esperanzas para que las instancias del Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo para emitir la convocatoria a las elecciones judiciales y las realicen lo más antes posible. Planteó que se acuerde elaborar una ley corta para renovar a las autoridades judiciales y terminar con la crisis judicial que atraviesa el país.
«(La propuesta es para) dar punto final a este problema que de manera innecesaria se ha creado en el país», sostuvo monseñor Centellas, quien también es arzobispo de Sucre.
Por la misma línea y a través de un pronunciamiento, la APDH de Bolivia, dirigida por Amparo Carvajal, y la representación de La Paz denunciaron que, en momentos de «extrema crisis institucional», no se debería caer en la polarización, porque lo único que se logra es la dispersión y división, lo que da paso a la profundización del autoritarismo», según reporte de ANF.
Ante las fallidas elecciones judiciales y el final del mandato de seis años de las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura, que se cumplió el 31 de diciembre de 2023, los magistrados del TCP emitieron un fallo, el 11 de diciembre, para autoprorrogarse en las funciones hasta la realización de los comicios judiciales.
Esta decisión fue rechazada por los legisladores de la oposición al igual que por el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de exautoridades, quienes objetaron la determinación, con el argumento de que se está vulnerando la Constitución Política del Estado y surgió la amenaza de iniciar procesos penales ordinarios y juicios de responsabilidades, al igual que movilizaciones, como la marcha que realizarán militantes del El Búnker Tercera República este jueves o el bloqueo nacional de carreteras que debía iniciar este miércoles. Sin embargo, señalaron que postergaron la determinación hasta el próximo lunes.
En ese entendido, el monseñor Centellas sostuvo que «los bloqueos no son la solución a ningún problema. Ojalá que se puedan instalar mesas de diálogo, encuentros fraternales y se evite todas estas controversias que hacen daño al país en general».
Los activistas de derechos humanos argumentaron que su rechazo se debe a que es un atentado a la democracia. «No podemos quedar indiferentes ante la desinstitucionalización del país en general y del sistema judicial en particular, por lo que hacemos un llamado a la población en general, a los defensores de derechos, organizaciones e instituciones, para una lucha conjunta por la recuperación de la democracia y sus instituciones», señalaron en el pronunciamiento.
Las organizaciones sociales afines a Evo Morales que se encuentran en la ciudad de Sucre postergaron el martes el inicio del bloqueo de carreteras hasta el lunes 22 de enero, dieron plazo de 72 horas o hasta el viernes para que los magistrados prorrogados renuncien a sus cargos y pidieron a la población provisionarse.
Las magistradas Elva Terceros y Ángela Sánchez del Tribunal Agroambiental renunciaron el martes a sus cargos. De esta manera, las dimitentes se suman a dos que en días pasados también dejaron sus cargos: Carlos Calderón del Tribunal Constitucional (TCP) y Esteban Miranda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Agencias
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