Desde Human Right Foundation aseguran que esta «opinión» no es solo una declaración o recomendación, sino un mandato vinculante. Piden su libertad inmediatamente.
«La privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria. Contraviene los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V», reza la primer resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro.
Asimismo, «pide al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto».
Es más, «considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional».
Pero eso no es todo, también «insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Camacho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».
La posición de Human Right Foundation
Sobre esta determinación, la institución agrega que «esta opinión no es solo una declaración o recomendación, sino un mandato vinculante conforme al concepto jurídico del “bloque de constitucionalidad” reconocido en Bolivia, el cual incorpora los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país al ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia está obligado a cumplir esta decisión y proceder a la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho».
La Human Rights Foundation, el estudio jurídico boliviano que defiende al gobernador electo y la familia de Luis Fernando Camacho invitaron a los medios de comunicación a una conferencia de prensa el lunes, 31 de marzo, al mediodía, en el Hotel Presidente, en la ciudad de La Paz.
Detención de Camacho
El 28 de diciembre de 2022, alrededor de las 14:00, entre las radiales 26 y 27 de Santa Cruz de la Sierra, Camacho conducía hacia su domicilio luego de salir de una actividad oficial, cuando su vehículo fue interceptado por más de 40 agentes estatales con el rostro cubierto, sin vestimenta que los identificase como policías, sin mostrar orden de aprehensión y fuertemente armados con ametralladoras, escopetas, pistolas y lanzagases.
Los agentes vestidos de civil protagonizaron un operativo extremadamente violento en el que realizaron cuatro disparos de armas de fuego para amedrentar y reducir al personal de seguridad de Camacho que le acompañaba.
Los agentes apuntaron a Camacho en la cabeza con un arma de fuego, amenazando con dispararle en caso de resistirse. Cuando Camacho bajó del vehículo, los agentes lo arrojaron sobre su estómago, con el rostro sobre el pavimento, y procedieron a inmovilizarlo con unas esposas de plástico en la espalda.
Los agentes le colocaron una capucha de tela sobre la cabeza para que no pudiese ver ni a sus captores ni al lugar al que lo transportaban. También le dieron un golpe en la espalda a la altura del riñón y lo recostaron en la parte trasera de un vehículo, mientras un agente presionaba con su bota la cabeza de Camacho contra el piso del vehículo.
Le quitaron la capucha de tela en el aeropuerto de Santa Cruz brevemente, y luego se la colocaron nuevamente para abordar un helicóptero militar que lo llevó a Chimoré (Cochabamba), donde Camacho permaneció dos horas y media, antes de continuar el vuelo, encapuchado, a El Alto (La Paz).
A Camacho no se le permitió tener contacto con su familia ni con sus abogados hasta alrededor de cinco horas después de su detención. Ahora, está siendo investigado por varios delitos, en el denominado caso Golpe I, que ya se encuentra en etapa de juicio oral.
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