Autoridades del Gobierno y representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron este martes que la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 » no se va a aplicar» mientras no se acuerde con el sector privado las metodologías y procedimientos.
«El principal resultado en esta primera reunión de acercamiento, es que ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar, en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada», dijo el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, a los medios.
La reunión contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, entre otros.
Ortuño explicó también se acordó que el Ejecutivo no es la instancia para pedir la abrogación de una ley, sino que esa es tarea del Legislativo.
«También hemos coincidido a la gente del Gobierno que este no es un ámbito para pedir la anulación de la medida, ya que somos respetuosos de la independencia de poderes y ese tema se tiene que debatir en la Asamblea Legislativa», dijo el jefe de los empresarios.
La disposición séptima es cuestionada por diversos sectores productivos, que exigen que abrogación porque pondría en riesgo toda la cadena productiva.
Ayer, gremiales, industriales y otros sectores marcharon en varias ciudades contra esta norma.
El Gobierno asegura que el artículo debe ser reglamentado y que no afectará a ninguna unidad productiva del país.
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