El asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón (Beni), Estela Rodríguez Siles, está relacionado con una pugna interna por el control de poder dentro de organizaciones criminales transnacionales vinculadas a la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
López Rodríguez fue acribillado el domingo con 30 disparos en la plaza central de la región. “Se trata de una toma del poder dentro de estas organizaciones criminales, en las cuales se emplea como mecanismo precisamente la estructura del crimen organizado, y eso es lo que ha acontecido en este asesinato”, explicó.
Alcaldesa
La autoridad recordó que, en 2023, durante un operativo en San Ramón, la Policía incautó armas largas y combustible para avionetas, lo que evidenció la presencia de redes dedicadas al narcotráfico.
Tras esa intervención, la alcaldesa Rodríguez presentó una demanda penal en la que asegura haber sido injustamente señalada de participar en actividades ilícitas. Sin embargo, las pesquisas apuntaron a personas de su entorno familiar.
Movilización
“Se entendía que su hijo formaba parte, en aquel momento, de la estructura de Sebastián Marset y que lo estaba acogiendo en esa localidad”, detalló Aguilera.
El viceministro recordó también que la autoridad edil organizó una movilización ciudadana en rechazo a los operativos, lo que derivó en agresiones contra efectivos policiales.
Investigación
Sin embargo, Aguilera aseguró que un equipo especializado viajará desde La Paz al Beni para reforzar la investigación y garantizar resultados. El viceministro lamentó las trabas judiciales que enfrenta el Ministerio de Gobierno para realizar allanamientos y operativos planificados.
“En el caso de Beni se han pedido allanamientos a inmuebles con una data de un mes, pero no han sido aceptados hasta el momento por el Órgano Judicial”, denunció.
Aguilera recordó que, en operaciones previas en la región, la Policía secuestró al menos cuatro avionetas y detuvo a autores materiales y colaboradores logísticos vinculados a hechos de violencia similares.
“Estos delitos no pueden quedar en la impunidad”, concluyó la autoridad de Gobierno.
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