Mientras el Ejecutivo describe la norma como un “cambio de rumbo” económico, la COB insiste en la abrogación y pretende extender las protestas. Otros sectores decidieron llegar a acuerdos con el Gobierno y no adherirse al paro
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó el Decreto Supremo 5503 como el punto de partida de un nuevo modelo de país, con el que el Gobierno busca revertir la crisis económica, institucional y de confianza que —según su diagnóstico— atravesó Bolivia en los últimos años.
Sin embargo, desde su promulgación, la norma ha generado reacciones diversas en distintos sectores sociales y productivos, con protestas y acuerdos parciales, aunque la mayoría continúa manifestando su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz y las medidas que han permitido —en el caso de los combustibles— reducir drásticamente las colas en los surtidores, aunque a un alto costo para el bolsillo de los bolivianos.
En un artículo de opinión difundido en sus redes sociales, Espinoza sostuvo que la norma marca un quiebre con el pasado reciente y coloca nuevamente a la población en el centro de las decisiones económicas. “El Decreto 5503 es el punto de partida de un nuevo modelo de país”, afirmó, al señalar que no se trata de un cambio discursivo, sino de una “estructura concreta de acción del Estado”.
El ministro describió el contexto previo como una crisis profunda que fue más allá de lo económico. En ese marco, resaltó que el país estuvo atrapado en un “Estado tranca”, donde “la burocracia, la corrupción y la discrecionalidad habían reemplazado al servicio público”. Atribuye a ese escenario problemas como la escasez de combustibles, la inflación, la caída de las reservas internacionales y el deterioro de la confianza en las instituciones.
“Este decreto no maquilla esa realidad: la reconoce, la nombra y actúa en consecuencia”, señaló el ministro, a tiempo de remarcar que el nuevo enfoque busca compatibilizar estabilidad macroeconómica con justicia social.
En ese sentido, Espinoza apuntó que las medidas de estabilización financiera y monetaria estarán acompañadas de un “escudo social”, que incluye el incremento de la Renta Dignidad, el fortalecimiento del Bono Juancito Pinto y la creación de transferencias extraordinarias focalizadas. “Aquí no hay ajuste ciego: hay priorización”, aseguró.
Otro de los ejes del decreto, según el ministro, es el cambio en la relación entre el Estado y el aparato productivo, ya que plantea dejar atrás un esquema de control excesivo y avanzar hacia una “confianza regulada”, con la eliminación de trámites innecesarios, la aplicación del silencio administrativo positivo, ventanillas únicas y plazos definidos. “El Estado deja de ser un obstáculo y pasa a ser un facilitador”, agregó.
El titular de Economía ponderó que la norma sienta las bases de lo que denomina un “capitalismo para todos”, basado en reglas claras, competencia y seguridad jurídica.
Sostuvo que se corrigen distorsiones en el sistema de precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el contrabando y proteger al consumidor durante un periodo de transición. “Los subsidios mal diseñados no son política social, sino un drenaje regresivo de recursos públicos”, afirmó, al añadir que “la equidad no se construye con precios falsos, sino con ingresos protegidos y servicios eficientes”.
Rechazo y movilizaciones
La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una postura de firme rechazo al Decreto 5503, principalmente por la eliminación de la subvención a los combustibles, lo que ha provocado alzas significativas en los precios del gas y el diésel. La organización sindical cumple jornadas consecutivas de movilización en La Paz y otras ciudades, ratificando la exigencia de abrogación del decreto y anunciando nuevas medidas de presión, incluida la posibilidad de ampliar huelgas y estrategias de lucha.
Los dirigentes de la COB afirman que el decreto está orientado a beneficiar a sectores empresariales. “Está hecho para las (empresas) transnacionales, empresarios, agroindustriales… pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón”, declaró el secretario ejecutivo Mario Argollo, a tiempo de ratificar el paro general indefinido.
A diferencia de la COB, algunos sectores sociales y productivos optaron por negociar con el Ejecutivo o no adherirse a las protestas. En Cochabamba, dirigentes del transporte pesado anunciaron que no participarían del paro y firmaron un acuerdo con el Gobierno para socializar la aplicación del decreto y evaluar medidas de beneficio para el sector.
Asimismo, otras organizaciones como la Cámara de Transporte del Oriente y la Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz, así como federaciones de juntas vecinales en La Paz y mineros auríferos, consolidaron acuerdos similares con el Ejecutivo, descartando medidas de presión contra el decreto.
Algunas centrales empresariales y productivas también han expresado su respaldo implícito a las medidas del Gobierno, al considerar que los subsidios a los combustibles eran fiscalmente insostenibles y representaban un desbalance en las cuentas públicas, si bien este apoyo no ha sido unificado ni explícito en todos los casos
Frente a la protesta y las tensiones, el Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, aunque ha señalado que el Decreto 5503 “no se modifica, no se deroga, pero se puede mejorar” en aspectos específicos, manteniendo su posición de base para continuar con la implementación de las medidas económicas.
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