El Gobierno retrocedió en su intención de impulsar nuevas elecciones para la Gobernación de Santa Cruz y afirmó ayer que quienes deben resolver la situación de la primera autoridad regional, Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro por el caso golpe I, son la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y los cruceños, en base a su estatuto autonómico.
“La posición sobre la permanencia o no (de Camacho como gobernador) y lo vinculado al gobernador o vicegobernador es que sea una decisión del pueblo cruceño, de su Asamblea
Legislativa, en el marco del derecho de la ley y del Estatuto que han votado los cruceños. Éste es el ámbito en el que debe definirse”, afirmó Lima en conferencia de prensa.
El jueves, Lima dijo que una de las posibilidades para dar continuidad a la gestión departamental era convocar a comicios regionales y, de esa forma, que la población elija a una nueva autoridad.
“Nosotros no queremos, como Gobierno central, interferir en un acto que es de la democracia y de la institucionalidad cruceña”, dijo.
Camacho, a través de una entrevista con Página Siete por medio de una carta, aseveró desde Chonchocoro que resistirá desde la cárcel y que continuará cumpliendo sus obligaciones como máxima autoridad del departamento.
Dijo que el MAS se ha vuelto enemigo de la democracia y que Bolivia está siguiendo la ruta de Cuba y de Venezuela. Para evitar esto, dijo que es necesario que la oposición busque la unidad “por el bien de la democracia y por el bien del país”.
En la entrevista, Camacho destacó las manifestaciones realizadas en Santa Cruz y sus instituciones que —según él— están haciendo un gran sacrificio para resistir. Dijo que esto ha contagiado a otros departamentos que ya comenzaron a movilizar contra lo que denominó “la dictadura masista”.
Consultado sobre si continuará en la actividad política, dijo que sí porque “hay muchas tareas que cumplir”. Enumeró los logros de su gestión y dijo que tiene la obligación de “seguir luchando para recuperar la democracia y el Estado de derecho.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en un cuestionado operativo policial en Santa Cruz, luego fue llevado a La Paz y enviado por un juez a Chonchocoro con detención preventiva de cuatro meses, acusado de presunto terrorismo por el caso golpe de Estado I.
La defensa de Camacho presentó un recurso que dio luz verde a que se señale fecha para su audiencia de apelación a la detención preventiva
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