La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que el artículo cuestionado no tiene como objetivo castigar o ir en contra de los “buenos” empresarios, productores, comerciantes ni gremiales.
El Gobierno convocó a dialogar a los diferentes sectores que rechazaron la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y demandaron su derogación.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que el artículo cuestionado no tiene como objetivo castigar o ir en contra de los “buenos” empresarios, productores, comerciantes ni gremiales.
“Estamos una vez más con toda la predisposición al diálogo, los convocamos para poder explicar cuáles son los mecanismos y el objetivo que tiene que ser tomando en cuenta que esto se necesita una etapa de reglamentación”, anunció.
La Disposición Adicional Séptima faculta la activación de acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, si estas instituciones estatales consideran que hay un encarecimiento, retención o de estos productos.
Alcón aseguró que la norma rechazada lo que busca es “cuidar” a las familias y su economía para que no se genere agio, especulación u ocultamiento de ciertos productos que luego se traducen con precios altos.
“La vía del diálogo es la mejor salida antes de medidas de hecho que puedan perjudicar a la economía de los bolivianos”, añadió.
Los representantes de los sectores productivos, empresarios, gremiales e industriales, además de representantes del sector turismo y transporte se reunieron el martes en La Paz donde exigieron la derogación de la Disposición Adicional Séptima, caso contrario, el 10 de febrero realizarán una “gran movilización” en el país.
Para el 30 de enero, fue convocado a un nuevo ampliado multisectorial en Sucre, Chuquisaca, donde se evaluará la situación por la demanda que tienen.
Acerca del autor
