En medio de un contexto nacional marcado por cuestionamientos a la independencia del sistema judicial, el gobernador de Tarija denunció públicamente la instrumentalización de la justicia con fines políticos, asegurando que la oposición es blanco constante de persecución a través de procesos judiciales sin pruebas.
En diálogo con el periódico digital El Guadalupano, la autoridad afirmó que desde hace 15 años viene enfrentando una serie de causas legales impulsadas por actores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), sin sustento probatorio. “Por todo y por nada tenemos que ir ante un juez. Cualquier denuncia que presente un masista, por mínima que sea, deriva en imputación y acusación sin evidencia”, sostuvo.
Según sus declaraciones, estas acciones responden a una estrategia sistemática implementada desde el nivel central del Estado para debilitar a líderes opositores mediante el aparato judicial y policial. “Para fines de justicia se ha utilizado la Policía, pero también para intereses partidarios”, remarcó.
El gobernador explicó que no es un caso aislado, ya que muchas otras autoridades departamentales y nacionales han atravesado procesos similares, cargando con estigmas sin que se les demuestren responsabilidades. “El mal dato ya nadie te lo quita, aunque no haya pruebas. Eso ha sido parte del castigo político”, añadió.
Respecto al papel del Órgano Judicial, reconoció la existencia de jueces íntegros, pero lamentó que otros hayan actuado como “operadores políticos”. Aseguró que se ha vulnerado el debido proceso y se ha deteriorado profundamente la democracia. “Muchos jueces se prestaron a este juego de la política sucia”, denunció.
Durante la entrevista, el gobernador recordó una de las causas en su contra que consideró absurda: un informe de Contraloría sobre el uso del IDH cuando era alcalde, en el que se cuestionaba la compra de un cafetero utilizado para archivar documentación escolar. “Imagínese, esa fue una de las tantas acusaciones absurdas”, comentó.
La autoridad aseguró que estas denuncias no lo amedrentan, pero sí alertan sobre un sistema judicial que ha perdido credibilidad ante la población. “Bolivia debe tomar conciencia y no repetir esta amarga experiencia que afecta derechos constitucionales”, expresó.
Finalmente, pidió a la ciudadanía y a los sectores democráticos del país reflexionar sobre el uso político de la justicia, señalando que la recuperación de un Estado de derecho pleno debe ser una prioridad nacional.
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