La Gobernación de Tarija anunció que devolverá a la Asamblea Departamental el proyecto de ley que plantea la entrega de ocho canastas alimentarias para los adultos mayores, debido a las dificultades económicas que, según la institución, impedirían garantizar su cumplimiento sin comprometer otros programas y obligaciones departamentales.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Fernando Romero, explicó que la reducción de los ingresos por regalías modificó sustancialmente la capacidad financiera del departamento y advirtió que la propuesta representaría una carga considerable sobre los recursos disponibles.
Romero recordó que en 2013, cuando comenzó la entrega de la canasta alimentaria, Tarija recibió aproximadamente Bs 1.907 millones en regalías, mientras que en 2025 los ingresos por este concepto alcanzaron solamente Bs 255 millones. Según la autoridad, esta disminución equivale a una reducción cercana al 82% de los recursos que originalmente sostenían gran parte del beneficio destinado a las personas adultas mayores.
El secretario señaló además que el peso financiero de las canastas sobre las regalías se incrementó progresivamente. Explicó que inicialmente este beneficio representaba alrededor del 3% de los ingresos por regalías, pero que hasta la pasada gestión llegó aproximadamente al 11%, evidenciando una presión cada vez mayor sobre las finanzas departamentales.
Frente a este escenario, Romero cuestionó el impacto que tendría la aprobación de las ocho canastas propuestas, debido a que el proyecto podría obligar a destinar cerca del 25% de las regalías exclusivamente a este beneficio, porcentaje que incluso podría aumentar con el tiempo. A criterio de la autoridad, esta situación limitaría la capacidad de la Gobernación para atender otras responsabilidades y programas destinados a distintos sectores de la población.
Finalmente, el secretario de Economía y Finanzas sostuvo que antes de establecer nuevas obligaciones se debe garantizar la sostenibilidad económica de las medidas. En ese sentido, planteó la necesidad de considerar recursos para programas como el Prosol, las transferencias a los municipios, las canastas para personas con discapacidad y otras demandas sectoriales, por lo que la Gobernación devolverá el proyecto a la Asamblea Departamental para su revisión.
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