El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) cuestionó públicamente la actuación de la representación del Ministerio de Trabajo en el departamento, acusándola de favorecer de manera sistemática a extrabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) en procesos laborales iniciados por hechos de gestiones pasadas.
En contacto con El Guadalupano Diario Digital, el vocero del GADT, César Ramos, manifestó que varios fallos emitidos por el Ministerio exceden los alcances solicitados por los demandantes. “Estamos viendo resoluciones que incluso obligan a reincorporar personal en casos donde no se solicitó esa medida, lo que genera un perjuicio directo a la administración departamental”, afirmó.
Como ejemplo, Ramos citó un proceso en el que se ordena el pago de más de 3,6 millones de bolivianos y la reincorporación de ocho extrabajadores, algunos de los cuales no prestaron servicios durante años. Otro fallo, detalló, establece el pago de más de un millón de bolivianos por un litigio que se extendió por nueve años.
Para el vocero, estas resoluciones no solo representan un uso desmedido de los recursos públicos, sino que también comprometen el presupuesto destinado a programas sociales y necesidades urgentes. “Cada boliviano que se destina a pagar estas deudas por decisiones injustas es un boliviano menos para proyectos de salud, educación o infraestructura”, advirtió.
Ramos cuestionó que la institucionalidad departamental esté siendo vulnerada por decisiones “extrapetita”, es decir, que van más allá de lo que solicitan las partes en litigio. “Esto no es un ataque a los trabajadores, sino un llamado de atención a fallos que comprometen el futuro de Tarija”, señaló.
El funcionario recordó que la Gobernación atraviesa una profunda crisis financiera y que el pago de montos tan elevados compromete seriamente su capacidad operativa. “No podemos permitir que estas decisiones sigan debilitando la economía del departamento”, enfatizó.
Finalmente, Ramos anunció que el GADT ya inició acciones legales ante instancias judiciales con el objetivo de revertir algunos de estos fallos y recuperar los recursos comprometidos. “Vamos a agotar todas las vías posibles para defender el patrimonio de Tarija y garantizar que esos fondos se destinen a sectores prioritarios”, concluyó.
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