El proceso judicial abierto contra dirigentes y representantes del transporte en Tarija ha reavivado tensiones en el sector, luego de que se conociera que Gabriel Pérez, ejecutivo del Autotransporte 15 de Abril, figura entre los involucrados en el caso denominado “Sedición”. El trasfondo de este conflicto está vinculado a manifestaciones pasadas donde se rechazó una ley nacional que, según los transportistas, afectaba directamente a la ciudadanía.
Durante un diálogo sostenido con el periódico digital El Guadalupano, Pérez expresó su disconformidad ante el avance del proceso judicial, remarcando que en ningún momento se incurrió en actos que vulneren el orden público o atenten contra el Estado. “Simplemente solicitamos que no se aplique una normativa que considerábamos perjudicial para la gente, y ahora pretenden hacernos responsables”, indicó.
Según el dirigente, la movilización protagonizada por su sector se limitó a expresar su desacuerdo mediante medidas pacíficas. Destacó que el objetivo siempre fue salvaguardar los intereses de la población que diariamente utiliza el servicio de transporte público y que se vería impactada por la normativa cuestionada.
Pérez recordó que durante aquellos días se registraron incidentes provocados por grupos externos, lo que derivó en daños materiales a varios vehículos. En particular, mencionó que simpatizantes del oficialismo irrumpieron en la protesta y destruyeron parabrisas de microbuses y taxis, provocando pérdidas económicas para los transportistas.
“Fuimos doblemente afectados: primero por el riesgo de que se apruebe una ley que nos iba a complicar, y luego por los ataques que recibimos en nuestras propias unidades”, relató, lamentando que pese a ello, ahora sean los transportistas quienes están sentados en el banquillo de los acusados.
El representante del Autotransporte 15 de Abril sostuvo que existe un sesgo evidente en la administración de justicia, pues en lugar de investigar a quienes cometieron destrozos, se centra la responsabilidad en quienes solo alzaron la voz en defensa de la ciudadanía.
Pérez exhortó a las autoridades competentes a revisar el caso con objetividad y ponderar el contexto real en el que ocurrieron las manifestaciones. A su criterio, abrir procesos por sedición en este tipo de circunstancias únicamente genera un ambiente de hostigamiento contra los sectores que legítimamente protestan.
Finalmente, hizo un llamado a la población para mantenerse vigilante frente a cualquier intento de criminalizar la protesta social, asegurando que el transporte seguirá trabajando para garantizar un servicio digno, mientras defiende el derecho a expresar sus demandas de manera libre y pacífica.
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