La Procuraduría y el Viceministerio de Transparencia señalan que «aún está latente» el riesgo de fuga por parte del expresidente, por ello, solictaron cambiar la imputación formal de la Fiscalía y que se lo debe enviar con seis meses de detención preventiva en otra cárcel que no sea Qalahuma.
La audiencia que definirá el futuro del expresidente Luis Arce continúa desarrollándose de manera virtual y, en ella, la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia aseguran que todavía está latente el riesgo de fuga que podría darse por parte del exmandatario. Por ello, pidieron a la Fiscalía seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
“No encontramos en el cuaderno de investigaciones documentación que respalde el domicilio. Por lo tanto, este riesgo procesal se mantiene latente en relación a su trabajo”, señaló la parte acusatoria de la Procuraduría.
Asimismo, el procurador del Estado, Hugo César La Faye, indicó que, al no tenerse tales documentos que prueben un domicilio fijo del exmandatario, la institución pide que se revoque la petición inicial de la Fiscalía –que pidió tres meses de detención preventiva en el penal de Qalahuma– y que se aplique la detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro.
“Pedimos que la misma sea por el plazo de seis meses (por) la complejidad del caso sometido a investigación, la pluralidad de víctimas, sindicados, testigos, peritos y al grave daño económico ocasionado al Estado”, señaló La Faye y recalcó “que se disponga la detención preventiva en otro centro penitenciario del Departamento de la Paz y sea por el lapso de seis meses, tiempo en el cual, obviamente, se concluirán las investigaciones”.
En ese mismo tenor, el Viceministerio de Transparencia, se adhirió a la petición acusatoria que realizó la Procuraduría y añadió que el expresidente Arce puede influir en las investigaciones que se llevan adelante.
“Se acredita de manera objetiva que el imputado puede influir, destruir, modificar o suprimir estos elementos de prueba que son necesarios para el esclarecimiento del hecho”, dice el personal del Viceministerio.
Incluso, añadió, que Arce aún ostenta poder en aquellas personas que están ligadas al proceso investigativo sobre el desfalco al Fondo Indígena.
La audiencia contra Arce comenzó cerca de las 12:20 de este viernes. La misma definirá el futuro legal del exmandatario que está acusado de haber autorizado el desembolso de dineros del Fondo Indígena a cuentas personales. Pesa sobre su persona los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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