Jhonny Mamani tiene una acusación formal en su contra por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El Ministerio Público solicitará que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, sea condenado a 10 años de cárcel por el denominado caso ambulancias, informó este jueves la fiscal departamental, Roxana Choque.
La comisión de fiscales que investiga el caso ambulancias emitió la resolución de acusación formal en contra del Gobernador de Potosí (actualmente detenido en La Paz por otro proceso) por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Según una nota informativa de la Fiscalía, dentro de la misma resolución, también se presentó la acusación en contra de otros cuatro funcionarios: Luis R.L.G., Rubén M.M.C., Ricardo A.R.S. y Ramiro L.C.A.
Los citados funcionarios son investigados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Choque precisó que en esta resolución de acusación se «presentaron 48 pruebas documentales, dos periciales y 31 testificales».
Son «elementos de convicción suficientes para sustentar la teoría fiscal y, en ese marco, durante el juicio, vamos a solicitar la pena máxima para los investigados, (es decir) en el caso del Gobernador serían 10 años de cárcel”, ratificó Choque.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí había suscrito el 26 de noviembre de 2021 un contrato administrativo con la empresa unipersonal Estefals Logistics para la compra de 41 ambulancias.
Luego, el 31 de diciembre de 2021, «se habría firmado el acta de recepción de las ambulancias para el cierre del proceso de licitación; sin embargo, nunca se recibió de manera física esos vehículos», cita la nota de la Fiscalía.
Posteriormente, el 27 de enero de 2022, el gobernador Mamani procedió a anular la suscripción de la minuta de contrato administrativo que tenía 22 días de incumplimiento en la entrega de los bienes requeridos, situación que, se presume, sería ilegal.
Otra imputación
La fiscal Choque informó que, además, la comisión de fiscales que investiga el “caso antígeno” emitió otra imputación formal en contra del Gobernador y otras 13 personas por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.
Adelantó que, en la audiencia respectiva por este caso, la Fiscalía solicitará la detención preventiva de todos los sindicados.
De acuerdo con las investigaciones del caso, en agosto de 2022, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí suscribió un contrato administrativo para la compra de pruebas rápidas antígeno nasales con un presunto sobreprecio aproximado del 50% en relación a las adquisiciones realizadas por otros departamentos.
El Deber
Acerca del autor
