A dos semanas de la destitución del ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, la Fiscalía activó ayer una alerta migratoria contra la exautoridad y lo convocó a declarar sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada por los que se le acusa.
Además de Lisperguer, la alerta migratoria rige para su exasesor Gabriel D. A. Otras 40 personas serán convocadas a declarar entre funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y allegados de los acusados, informó el fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez.
También fueron emitidos requerimientos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Derechos Reales y la Contraloría del Estado para establecer los bienes que “tienen estos ciudadanos, y si hubiera un movimiento irregular”, detalló Torrez.
El 15 de enero, el presidente Luis Arce determinó la destitución de Lisperguer, por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y remarcó que no tolerará ningún indicio o acto de corrupción en su gobierno.
Investigación
“Esta investigación ha surgido a raíz de una denuncia que ha sido presentada ante el viceministerio, donde se detallan algunos cobros irregulares, algunos movimientos inusuales en el patrimonio de estas dos personas”, informó la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos.
La Fiscalía Departamental de La Paz activó la investigación a denuncia del Viceministerio de Transparencia que detectó un incremento “no proporcional de los ingresos” del exministro.
Como parte de las investigaciones, funcionarios del ministerio de Medio Ambiente y Agua también serán convocados a declarar en calidad de testigos.
Pesquisa
Según el Viceministerio de Transparencia, la investigación se centró en las gestiones 2021 y 2024. En el caso del exministro, se contabilizaron ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En total tendría nueve inmuebles, la mayoría en el departamento de Cochabamba. Además de 1 millón de bolivianos, que involucraría movimientos económicos entre los ahora investigados y depósitos de otras personas, entre ellos algunos servidores públicos.
Lisperguer solicitó al Ministerio Público prestar su declaración en Cochabamba, argumentando que reside en esa ciudad y por motivos de salud. El memorial es considerado por el fiscal de materia.
Indagan caza ilegal de jaguares
Una comisión de fiscales empezó la investigación de la caza ilegal de jaguares en San Matías, Santa Cruz y solicitó la cooperación internacional para dar con otros cómplices o encubridores de este hecho delictivo, informó el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos. La pesquisa se activó por biocidio y destrucción de bienes del Estado.
“Se conformar á una comisión de fiscales seria, eficiente y eficaz para recolectar datos que permitan identificar a autores que hubiesen participado en Bolivia”, informó Zeballos.
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