Migración los identificó en Beni y Santa Cruz, y confirmó que ya no podrán volver a Bolivia.
La Dirección General de Migración confirmó la salida obligatoria de 20 ciudadanos extranjeros vinculados a la autodenominada Nación Kailasa, que intentaron asentarse en territorios indígenas de Bolivia. Según la directora Katherine Calderón, estas personas ingresaron al país como turistas, pero su objetivo era instalarse en la región cayubaba, en Beni, y establecer nexos con comunidades indígenas para obtener tierras.
Los operativos comenzaron en el municipio de Exaltación, donde se identificó a tres miembros de Kailasa. Luego, en Santa Cruz, Migración intervino un domicilio en la zona central y detuvo a 17 extranjeros más. Todos fueron notificados y obligados a abandonar el país entre sábado y domingo.
Calderón informó que las nacionalidades de los expulsados son china, india, sueca, estadounidense, alemana, británica y portuguesa. Además, explicó que algunos de ellos ingresaron en noviembre de 2024 y la mayoría en enero de este año.
Durante la conferencia, la directora de Migración señaló que este grupo intentó engañar a la población indígena con fines religiosos y económicos. “Se hacían pasar por una falsa religión y buscaron usar documentos firmados por dirigentes para su propio beneficio, atentando contra la buena fe y los derechos colectivos de las comunidades”, sostuvo.
También reveló que representantes legales del grupo intentaron frenar las expulsiones con una acción de libertad, pero la justicia falló a favor del Estado boliviano. “El Juzgado Cuarto de Sentencia de Santa Cruz denegó la tutela y ratificó que Migración actuó conforme a derecho”, aseguró.
Sobre la imagen que circula en redes sociales donde se ve al presidente Luis Arce junto a una representante de Kailasa, Calderón aclaró que fue tomada en un acto público y que no implica ningún tipo de relación entre el Gobierno y el grupo extranjero.
Desde el domingo pasado, EL DEBER reveló que Kailasa firmó convenios de arrendamiento por mil años con al menos tres territorios indígenas: cayubaba, esse ejja y baure. Tras conocerse estos acuerdos, la comunidad de Exaltación reaccionó, pidió explicaciones a los foráneos y descubrió irregularidades como documentos firmados sin consulta previa y con espacios en blanco.
El caso también salpicó al territorio guaraní, donde se hallaron documentos en revisión por parte de un consorcio jurídico. En paralelo, el alcalde de Exaltación denunció amenazas telefónicas tras exponer el caso.
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