El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que el presidente Luis Arce no tiene competencia para derogar, abrogar o dejar sin efecto una ley.
La postura es firme, si el Gobierno no deroga la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual dispone el decomiso de productos a quienes incurran en agio y especulación, varios sectores productivos del país acatarán a un paro movilizado nacional de 24 horas el próximo 10 de febrero.
“En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento, de la cadena productiva realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el día 10 de febrero”, señala el punto cuarto del documento denominado “Determinaciones por la seguridad jurídica del abastecimiento de productos a la población”, emitido al cierre del tercer Encuentro Multisectorial realizado ayer en la ciudad de Sucre.
Representantes de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara Boliviana de Transporte y Cámara Nacional de Industria (CNI), entre algunos, participaron del evento. También estuvieron presentes cívicos de Potosí y Chuquisaca.
Pero, ¿Qué establece la disposición adicional séptima de la mencionada ley? Esta faculta a las entidades competentes a “activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, detalló que el sector también concluyó “exigir” al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca “poner sus buenos oficios” para derogar la disposición. Con miras a lograr este cometido, en los próximos días presentarán una propuesta de ley.
Acerca del autor
