El expresidente Carlos Mesa denunció este lunes que es objeto de un nuevo hecho de persecución política, porque ha sido denunciado por David M., de la empresa Quiborax, debido a la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y difamación.
Explicó que el empresario ha hecho la denuncia en contra suya por haberlo calificado de “falsificador”. Además, fue denunciado el diputado Carlos Alarcón, que era abogado de Mesa.
El expresidente argumentó que había acusado al empresario de falsificador, porque en agosto de 2019 fue condenado a dos años de cárcel por el delito de falsificación en un proceso abreviado en que admitió su responsabilidad.
Recordó que el empresario como socio de Quiborax falsificó un acta de fundación, el cual permitió iniciar un arbitraje internacional contra Bolivia. Ese proceso arbitral terminó con una indemnización de 42 millones de dólares a favor de esa firma.
Mesa incluso rememoró que en 2018, el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, también hizo referencia a la condena que había contra el empresario.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2021 determinó anular la sentencia contra el empresario, en una decisión que es cuestionada por Comunidad Ciudadana.
El diputado Alarcón criticó la decisión del TSJ, debido a que el acusado ya había confesado su culpabilidad. Advirtió que los magistrados pudieron haber cometido el deleito de prevaricato.
Mesa consideró que ahora el empresario abre este juicio por difamación en contra suya y de Alarcón, como parte de una persecución política que implica también al Gobierno.
“Este proceso que no es otra cosa que una persecución política del gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Justicia, con un tercero que está en connivencia con él”, agregó.
Como argumento, el diputado Alarcón añadió que el mismo día que fueron notificados con la denuncia de difamación, el ministro de Justicia, Iván Lima, publicó en Twitter un texto sobre el juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa en el caso Quiborax.
Mesa, en su gestión como presidente, revirtió la concesión de Quiborax en el Salar de Uyuni, lo cual derivó en el proceso arbitral y el pago de 42 millones de dólares a la empresa de parte del Estado.
El expresidente sostuvo que en realidad “nacionalizó” los recursos del Salar y que la indemnización se debe una mala defensa de parte de la Procuraduría, sin embargo, la Fiscalía presentó una acusación en su contra ante la Asamblea Legislativa para juicio de responsabilidades por conducta antieconómica y otros delitos.
Juicio a magistrados
La alianza Comunidad Ciudadana anunció que presentará un juicio de responsabilidades por el delito de prevaricato contra los magistrados del TSJ que anularon la sentencia del empresario.
La senadora Andrea Barrientos acusó a los magistrados de actuar en complicidad con la “persecución”.
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