El mandato de 23 magistrados y tres altos consejeros concluye el último día del año. Ante este escenario surgieron varias propuestas para evitar que la ausencia de autoridades dificulte el acceso a la justicia. El Defensor expresó su preocupación.
No hay ni señales de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita un fallo sobre la consulta de constitucionalidad que hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en relación al proyecto de ley de convocatoria a las elecciones judiciales. El Gobierno, con una mano anuncia que ya saldrá la decisión, mientras que el ‘arcismo’, con la otra, comienza a consolidar algo así como la crónica de una prórroga anunciada.
El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el TCP “en los próximos días” emitirá una sentencia sobre la consulta de constitucionalidad que hizo el TSJ. “Ya tienen un trabajo avanzado”, aseguró.
El diputado Rolando Cuéllar, uno de los portavoces del ‘arcismo’ en el Legislativo, emprendió una estrategia para justificar la prórroga de las actuales autoridades judiciales. Reivindicó para ello la ampliación de mandato de senadores y diputados, así como a gobernadores y alcaldes que se hizo sobre la base de una ley. Esa norma se dio por efecto de la crisis política de 2019, el año en el que Evo Morales buscó la reelección para un cuarto periodo.
Cuéllar, en representación de la bancada afín al presidente, señaló que está listo un proyecto de ley corta. “Presentamos a la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, una propuesta viable, hacer una norma transitoria de prórroga de mandato”, reveló el legislador.
Explicó, como antecedente, que el 2019 los asambleístas ampliaron su mandato hasta los comicios nacionales de 2020, cuando salió elegido el presidente Luis Arce. “En ese sentido, planteamos no un año, se piden solamente de tres a seis meses para ejecutar la convocatoria, la recepción de las postulaciones, las entrevistas y las evaluaciones a todos quienes tengan la intención de participar, y la selección de postulantes por parte de la plenaria”, complementó.
La propuesta fue presentada ayer por la tarde. Cuéllar complementó que espera que hoy mismo pase a la Comisión de Constitución. “Creemos que es la forma correcta para evitar el vacío de poder”, manifestó el legislador.
En este caso, si es que prospera el proyecto de ley, las elecciones se realizarían hasta junio de 2024, un año preelectoral en el que, además, se viene el próximo censo de población y vivienda, como también las elecciones primarias.
La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) propuso, por su lado, un proyecto de ley que establece que “la Comisión Mixta de Constitución seleccione por sorteo público y transparente a los jueces y vocales que desempeñarán en comisión y provisionalmente los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y los consejeros del Consejo de la Magistratura”. Marcelo Pedrazas, de la misma agrupación política, señaló que al menos 30 diputados está en contra de esa propuesta del asambleísta Carlos Alarcón. “Los magistrados no pueden prorrogarse más allá del 3 de enero tal como dice la Constitución, por lo que los cargos de los 26 magistrados pueden quedar con interinatos”, manifestó. Otra línea que marca la oposición es que los suplentes se queden como titulares de manera provisional hasta la elección.
El defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, exhortó a que se halle una salida con prontitud, “para que en su condición de garantes del efectivo ejercicio de los derechos de los bolivianos propongan y materialicen una solución a una elección de autoridades judiciales, que no solamente garantice el acceso a la justicia, tutela efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades a través de un proceso transparente, participativo, íntegro e inmediato”.
Asimismo, el Defensor exhortó “al TCP a resolver de manera inmediata la acción de amparo constitucional que suspendió inicialmente las elecciones judiciales, así como resolver de manera inmediata la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 144 transitoria para elecciones judiciales, del 20 de septiembre del 2023”. Así y de forma enérgica, el Defensor sentenció que “la dilación en su tratamiento tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos del país”.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, señaló que “es un hecho que el presidente Luis Arce y Evo Morales no van a llegar a un acuerdo”. “No estoy de acuerdo con que asuman los magistrados suplentes, si se van, deberían hacerlo todos. Hay que meter interinatos, de lo contrario será un absoluto caos”, aseveró Quispe.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, pidió que los acuerdos políticos lleguen “cuanto antes para que se puedan llevar adelante las elecciones judiciales”. “Evitemos el vacío de poder judicial, muy grave”, añadió.
Entre tanto, en el Gobierno esperan el fallo para esta semana.
El Deber
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