«Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo», dijo Paz a los medios, tras asistir a un evento de la Cámara Nacional de Comercio en La Paz.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este viernes que hay un «boicot» y un «sabotaje» contra su Gobierno, ante las protestas que hubo esta semana por parte de sindicatos de transportistas que aseguran que la gasolina que se vende en el país tiene mala calidad y dañó sus vehículos.
«Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo», dijo Paz a los medios, tras asistir a un evento de la Cámara Nacional de Comercio en La Paz.
El gobernante, que cumplirá este domingo tres meses de gestión, recordó que en la víspera hubo un «anuncio muy duro» por parte del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, quien informó que 360 funcionarios resultaron despedidos dentro de un proceso de «reestructuración» en esa empresa.
Problemas con la gasolina en Bolivia
Akly también indicó que hay una investigación interna en la estatal petrolera ante la posibilidad de que exista una «mano negra» que esté afectando la distribución del combustible de manera intencional.
Paz sostuvo esta jornada que «habrá más anuncios» sobre la «lacra», la «corrupción» y algunas «mafias internas» detectadas en estas instituciones estatales donde, según dijo, hay «gente que le está haciendo daño al país».
Además, señaló que le «preocupa que haya una izquierda en este país que se está aliando a una derecha, tanto en la política, como en las organizaciones, que no quieren dejar el pasado y no le están queriendo dar la oportunidad a Bolivia para salir» adelante.
Protestas de transportistas
«No le quieren dar futuro, porque saben que si Bolivia avanza en ese futuro, no hay retorno al pasado ni de los viejos políticos, ni de la vieja casta que ha gobernado en los últimos años Bolivia», agregó.
Esta semana hubo protestas de transportistas en regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, para exigir al Gobierno una compensación por los daños que supuestamente causó a sus vehículos la gasolina que se vende en el país y que, según denuncian, tiene mala calidad.
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