En el proyecto del PGE 2024 se autoriza a las empresas públicas a asociarse con capitales privados nacionales o extranjeros y se prevé un mayor endeudamiento externo del Estado, a través de la colocación de bonos por 2.000 millones de dólares y la ejecución de “contratos de préstamo específicos, sin que los mismos requieran de aprobación posterior”.
En el artículo 15 del proyecto se autoriza que las empresas públicas realicen “alianzas estratégicas para colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país; para tal efecto podrán constituir sociedades de economía mixta o suscribir asociaciones accidentales (…) debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado”, se señala en el documento al que accedió el periodista Marco Belmonte.
En el artículo 8 se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo a suscribir, con organismos multilaterales, “líneas de crédito contingentes” por hasta 700 millones destinados al TGN para “necesidades urgentes producto de perturbaciones exógenas, desastre y/o emergencia nacional (…) y otros de naturaleza similar”.
Se añade que “se autoriza a ejecutar e implementar dicho financiamiento mediante contratos de préstamo específicos, sin que los mismos requieran de aprobación posterior”.
El diputado de oposición Miguel Roca dijo que la asociación de empresas públicas con privadas está “más o menos en la misma lógica del plan de capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada”. También indicó que desconocen las condiciones en las que el Ministro de Planificación del Desarrollo se prestaría 700 millones.
El diputado de oposición José Luis Porcel expresó su temor de que se utilice el desastre de los incendios para adquirir este crédito sin que se destine a la reparación de la naturaleza y sin los mecanismos de fiscalización necesarios.
Incremento del PGE
En el PGE 2024 se proyecta un crecimiento del PIB de 3,71 por ciento, una inflación del 3,60 por ciento, un precio referencial del barril de petróleo de 71 dólares y una inversión pública de 4.274 millones de dólares.
Asimismo, se presupuestó un agregado de 340.317 millones de bolivianos y un consolidado de 265.558 millones, lo cual es un 7,3 y 8,9 por ciento más de lo presupuestado en 2023.
El economista Germán Molina señaló que este es un “presupuesto de campaña y ciclo electoral”, debido a que se incrementarán los gastos, pero se desconocen los fondos de financiamiento, considerando la caída de los ingresos por exportaciones de gas. “No se sabe cómo financiarán y creo que dependerán de la deuda interna”, dijo Molina, ya que la deuda externa se hizo costosa y difícil de acceder para el país.
El analista Darío Monasterio indicó que, según fuentes oficiales, subirá la subvención para los alimentos y los combustibles, cuando la situación “ya no es sostenible”.
Apuntó que el endeudamiento provendrá, sobre todo, de fuentes internas, como el BCB y la Gestora. “Un estadista piensa en las próximas generaciones, y un político en las próximas elecciones. Arce está haciendo esto”, dijo.
El diputado Jerges Mercado (MAS) informó que la subvención a los alimentos y los combustibles pasará de 8.000 millones de bolivianos, en 2023, a 10.000 millones, en 2024.
El Gobierno señaló, en el proyecto del PGE, que los ingresos provienen de un aumento de las recaudaciones tributarias y la venta de bienes y servicios en la administración pública.
Proyectan nuevo déficit fiscal de 7,80% y el aumento del gasto corriente en 8%
En el proyecto del PGE se eleva el gasto corriente en 8 por ciento y se prevé un nuevo déficit fiscal de 7,80 por ciento para el próximo año.
El déficit fiscal comenzó en 2014 y no se detuvo. Para 2023, se proyecta un déficit del 7,49 por ciento, por lo que para el próximo año este sería mayor.
Los analistas económicos cuestionaron que se mantenga un gasto mayor a los ingresos y dijeron que está situación no mejorará el próximo año.
Los gastos para el próximo año se estiman en 265.558 millones de bolivianos. Los gastos corrientes llegan al 51 por ciento, 155.640 millones, lo cual es superior en un 8 por ciento a lo presupuestado en 2023: 144.485 millones.
Los gastos de capital representan un 16 por ciento, 42.776 millones, y los restantes 67.143 millones corresponden a “uso de fondos”.
Inversión pública
Asimismo, para 2024, se prevé una inversión pública de 4.274 millones de dólares, superior a los 4.006 millones estimados para este año. Tanto el economista Germán Molina como el analista Darío Monasterios observaron que estos montos no son ejecutados en un 100 por ciento.
Datos preliminares señalan que la ejecución presupuestaria de este año no superará el 70 por ciento.
El proyecto del PGE establece que el 63 por ciento de la inversión pública del próximo año será financiada con recursos generados por el país y el 37 por ciento restante con financiamiento externo.
El dinero irá a los sectores de hidrocarburos, electricidad, minería e infraestructura vía, así como a la “inyección de capital en empresas públicas”.
Los analistas señalaron que es un despropósito invertir mayores recursos públicos en empresas públicas, que en su mayoría reportaron déficit o bajos rendimientos, debido a la burocracia y fallas administrativas.
Los Tiempos
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