La región de mayor preocupación está en el Trópico de Cochabamba, bastión político de Evo Morales, quien está autoconfinado en Lauca Ñ, para evitar ser aprehendido por un proceso penal pendiente.
El Gobierno identificó al menos seis municipios y una ciudadela de Santa Cruz de la Sierra como zonas en las que militantes radicales del evismo podrían generar hechos violentos y perjudicar el normal desarrollo de la jornada de votación el 17 de agosto, informó a EL DEBER el viceministro se Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que esa cartera de Estado, en coordinación con la Policía boliviana, a través del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, procesa y analiza información respecto a zonas o municipios donde se podría generar alguna conflictividad el día de las elecciones. Los datos permitirán mejorar las operaciones de resguardo del material electoral durante esa jornada.
Inteligencia
“Se ha realizado un estudio de inteligencia para definir los municipios en los que existe un mayor riesgo, uno de ellos es Villa Tunari, centro (de actividad) de las Seis Federaciones (de cocaleros del Chapare), además de Sacaba, Shinaota y Chimoré. Tenemos otras comunidades mineras e indígenas, fundamentalmente en (el municipio de) Llallagua (Potosí). En Santa Cruz también figuran Yapacaní y la zona del Plan Tres Mil, pero ya tenemos un plan para garantizar elecciones absolutamente normales”, afirmó Aguilera.
Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Gustavo Ávila, confirmó a EL DEBER que se realizan reuniones de coordinación, con el personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, para capacitar a los efectivos en la cadena de custodia del material electoral que será empleado.
Las previsiones se dan luego de que seguidores de Evo Morales, entre ellos diputados y senadores, anunciaron la toma de recintos electorales, la quema de ánforas, bloqueos y una “serie de delitos para impedir las alecciones”, aseveró el viceministro. Otro tipo de amenazas tiene que ver con la intención de frenar actividades proselitistas en esas zonas.
El sábado, la Policía también tomó apunte de las declaraciones de la presidenta de la organización política, PAN Bol, Ruth Nina, quien durante el ampliado realizado en Lauca Ñ, con la presencia de Morales y toda la dirigencia que lo apoya, declaró que el 17 de agosto “el Tribunal Supremo Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos”.
En ese contexto, Aguilera detalló que, en el caso de Cochabamba, se identificó a los municipios de Ivirgarzama y Entre Ríos, como puntos “estratégicos”, para impedir la movilización de grupos violentos. Mencionó que los anuncios de disturbios, surgen a partir de la “presión” que ejercen organizaciones sociales, que operan en una suerte de gobierno paralelo, que demanda al TSE reponer la personería jurídica de PAN Bol, como frente político para postular a Morales como presidente.
No obstante, el trabajo de inteligencia de la Policía logró identificar la fractura en el sistema de control “evista”, que, a su vez, es un elemento de polarización y genera un riesgo de enfrentamiento al interior de las poblaciones, como sucedió el sábado en Yapacaní.
Se explicó que esto tiene que ver con algunas comunidades, empresarios, exportadores y productores agrícolas del Trópico de Cochabamba, que rechazan los conflictos sociales que generan las posturas radicales del “evismo”, debido a que, además de atentar contra su derecho a elegir de manera libre por quién votar, genera grandes pérdidas económicas.
En ese sentido, Aguilera anunció que “se debe tomar en cuenta, no solo la dispersión geográfica, sino también que las infraestructuras que serán elegidas por el TSE tendrán una doble custodia”, sostuvo el viceministro.
Por otro lado, se prevén patrullajes combinados, no solo en el Trópico de Cochabamba, sino en ciudades como El Alto, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, con la misión de evitar la movilización de grupos violentos y evitar la instalación de bloqueos carreteros.
En relación a las acciones legales que se pide asuman el Gobierno, la Fiscalía y el TSE, contra las declaraciones de Nina y otros dirigentes, el vocal Ávila mencionó que, hoy, en sala plena, se analizará el tema y se emitirá un pronunciamiento, con la intención de garantizar el normal funcionamiento de las 34.000 mesas electorales en Bolivia.
“Sin embargo hay que ser categóricos, esta ha sido una expresión pública y entendemos que las autoridades llamadas por ley tienen que actuar de manera inmediata”, manifestó el vocal.
Señaló que las declaraciones de Nina podrían considerarse como una instigación pública a delinquir. El vocal mencionó también que, en caso de que se impida la distribución del material para los comicios, esto se constituye como una “obstrucción al proceso electoral”, algo que puede generar cargos legales.
El Deber
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