Dirigentes del transporte pesado sugirieron a la población abastecerse con productos alimenticios debido a que el bloqueo de carreteras y cierre de fronteras, que se iniciará el jueves 27 de junio, será indefinido.
«Pedimos a la población entera las disculpas necesarias y damos para que puedan abastecerse en ese tiempo, sabemos que va a ser molesto», dijo el secretario ejecutivo de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Alfredo Saca.
Este viernes, el transporte pesado se reunió en un ampliado nacional en Santa Cruz y determinó iniciar un paro movilizado con bloqueo de carreteras y el cierre de fronteras desde el jueves próximo si es que el Gobierno no atiende sus demandas en 72 horas.
«Estas 72 horas la población boliviana tiene para poder abastecerse en sus alimentaciones porque el día jueves, al no ser solucionada nuestra problemática, vamos a ir a un paro nacional indefinido con cierre de frontera», dijo Domingo Ramos, dirigente del transporte pesado en La Paz, refleja Unitel.
Este viernes, en el ampliado nacional, los dirigentes firmaron un pacto de unidad de seis puntos. El primero es el bloqueo de caminos y cierre de fronteras y el segundo, el pedido de la renuncia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
Montaño ha sido duramente criticado por el sector luego de que subió un video a su cuenta de TikTok en el que se le ve bailando para festejar que los transportistas dejaron sin efecto su amenaza de iniciar un bloqueo nacional el lunes 17.
Además, los transportistas mantienen su exigencia al Gobierno de que solucione la situación económica del país, que conlleva a atender la falta de dólares y combustible.
Piden además solucionar los problemas con los controles en la Aduana Nacional, en Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículo (Diprove).
También ratificaron un convenio interinstitucional con la Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia y exigen un decreto supremo para regulación de aplicaciones para el transporte.
Además, determinaron demandar la abrogación del Decreto Supremo 4732, vigente desde hace dos años, que regula los contratos de venta y compra de inmuebles.
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