Tanto el ministro de Justicia como la viceministra de Comunicación defendieron el proyecto de ley 305, bajo el argumento de que con el mismo se busca cumplir “compromisos internacionales”.
En contraposición con el Gobierno, la dirección nacional el MAS-IPSP emitió un pronunciamiento en el que rechazó el proyecto de ley 305, calificado como un intento de imponer una “ley mordaza”, e indicó que la organización política no tiene participación, iniciativa ni responsabilidad en su elaboración y pretensión de aprobación.
“Como instrumento político del pueblo rechazamos y desmentimos cualquier participación, iniciativa o responsabilidad del MAS-IPSP en la elaboración y pretensión de aprobación del anteproyecto de Ley No 305 que incluye un tipo penal calificado por organizaciones de la prensa como ‘ley mordaza’”, se lee en el pronunciamiento del MAS.
Tanto el ministro de Justicia, Iván Lima, como la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, defendieron el proyecto de ley 305, bajo el argumento de que con el mismo se busca cumplir compromisos internacionales en materia de “derechos humanos” y afirmaron que no vulnera la libertad de expresión.
No obstante, la redacción del artículo 281 encendió las alarmas de los gremios de la prensa, quienes denunciaron que se trata de implementar un sistema de “autocensura”.
Desde la dirección nacional del MAS, se calificó al mencionado proyecto de ley como “contradictorio”, ya que se presenta como una “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, pero por otro lado intenta “penalizar la libertad de expresión y de prensa” que son derechos humanos fundamentales.
Asimismo, la organización política remarcó que tampoco tiene nada que ver con iniciativas para regular redes sociales y recordó que la libertad de expresión está reconocida y garantizada en la Constitución Política del Estado, promulgada por el expresidente Evo Morales.
“El MAS-IPSP históricamente ha combatido cualquier pretensión de judicializar y criminalizar la actividad periodística, política, sindical y gremial con la utilización de leyes, jueces y fiscales como parte de una intención de secuestrar las libertades y Derechos Humanos del pueblo boliviano”, finaliza el texto del pronunciamiento.
Pagina Siete
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