La reciente resolución judicial que involucra el cierre del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) en Tarija vuelve a poner en el centro del debate la gestión pública departamental. El tema tomó fuerza tras conocerse que el fallo emitido por el tribunal competente ordena la reparación económica por perjuicios al erario, encendiendo la alarma sobre posibles responsabilidades personales de altas autoridades.
En contacto con el periódico digital El Guadalupano, el diputado Edwin Rosas detalló que el gobernador Óscar Montes y al menos cinco de sus colaboradores directos están señalados en el informe final emitido por la Contraloría, lo que los vincula directamente con la obligación de restituir más de 15 millones de bolivianos a favor del departamento. “Es claro que este fallo marca un precedente, pues responsabiliza de manera civil a quienes tomaron la determinación equivocada de cerrar el Sedeca”, subrayó.
De acuerdo a la explicación del parlamentario, la sentencia dictada el pasado 23 de abril no deja margen para interpretaciones, ya que confirma que el desmantelamiento del Sedeca fue un error administrativo que terminó perjudicando directamente a la región, no solo por la afectación laboral a decenas de familias, sino también por las consecuencias económicas.
Rosas puntualizó que la Constitución Política del Estado establece de forma expresa que, en casos donde el Estado debe cubrir montos por daños y perjuicios, las entidades públicas están obligadas a iniciar procesos denominados “acciones de repetición”, con el objetivo de que los responsables originales repongan el dinero desembolsado.
“Si la Gobernación no promueve este proceso contra el gobernador y sus secretarios, estaría incumpliendo un mandato constitucional y permitiendo que esos recursos, que pertenecen a todos los tarijeños, no regresen a las arcas públicas”, sostuvo el legislador al insistir en la necesidad de actuar con firmeza.
Por ello, instó a las autoridades departamentales a no eludir su responsabilidad y dar curso inmediato a la acción legal correspondiente, para que el dinero sea recuperado e invertido nuevamente en proyectos que beneficien a la población. “No se puede normalizar que decisiones mal tomadas queden sin consecuencias”, apuntó.
El diputado hizo hincapié en que este tipo de precedentes deben servir para elevar los estándares de gestión pública y recordar a todos los servidores del Estado que su labor tiene consecuencias jurídicas y patrimoniales. “La mala administración se paga, y no con el dinero del pueblo, sino con el de quienes actuaron sin la debida previsión”, enfatizó.
Finalmente, Rosas reiteró que continuará fiscalizando este caso hasta que se cumpla plenamente el resarcimiento al departamento. “Tarija merece justicia y la garantía de que cada boliviano mal gastado regrese para obras y servicios que sí importan a la ciudadanía”, concluyó.
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