Desde la Gobernación de Tarija se ha expresado profunda preocupación por prácticas ilegales de pesca que continúan desarrollándose en el río Pilcomayo, pese a existir normativas claras que regulan esta actividad para preservar los recursos naturales y la biodiversidad del lugar.
En una entrevista concedida al diario digital El Guadalupano, el secretario de Desarrollo Productivo, Efraín Rivera, advirtió sobre una explotación pesquera que califica como irracional. Afirmó que, aunque existe un permiso para pesca comercial, este debe realizarse bajo parámetros estrictamente establecidos por la normativa vigente.
Rivera explicó que el permiso actual para la pesca comercial fue diseñado para proteger el ciclo migratorio del sábalo, especie clave en el ecosistema del Pilcomayo. Según detalló, la actividad debe llevarse a cabo únicamente en el margen derecho del río, permitiendo el desplazamiento natural del pez hacia las zonas altas del subandino de O’Connor, de donde luego retorna.
Sin embargo, las autoridades detectaron que al menos cinco concesionarios no han respetado estas condiciones. Las inspecciones revelaron que se instalaron trampas de pesca que cruzan de un margen del río al otro, impidiendo casi por completo el paso libre de los peces y violando las disposiciones establecidas.
“El daño al ecosistema es grave y reiterativo”, lamentó Rivera, quien señaló que esta situación se presenta año tras año sin que exista un cambio significativo en la actitud de los responsables. Agregó que no se trata solamente de un problema ambiental, sino también de falta de conciencia y responsabilidad por parte de algunos actores del sector pesquero.
La autoridad también criticó el manejo desorganizado de los recursos naturales en el país, asegurando que los intentos por establecer un sistema ordenado han sido constantemente saboteados por la falta de compromiso. “Queremos que se respeten las reglas, pero parece que hay sectores que se resisten al orden”, expresó.
Como respuesta a estas irregularidades, la Gobernación ha coordinado con el director de Codefauna la presentación de una demanda formal contra los infractores. El documento fue entregado a las autoridades competentes y, como resultado, se emitieron citaciones para los acusados el pasado martes.
Finalmente, Rivera advirtió que si los responsables no desmontan las trampas ilegales dentro del plazo establecido, se iniciará un proceso penal en su contra. Además, podrían enfrentar sanciones administrativas, incluyendo fuertes multas, por vulnerar las normativas de pesca en el río Pilcomayo.
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