El principal implicado es el excoordinador de las brigadas móviles, Salim Ale Nemer, quien hasta 2021 recibió varios depósitos.
Representantes de las escuelas de conducción de vehículos o autoescuelas denunciaron la extorsión que sufrían por parte de los exresponsables de las brigadas móviles del Servicio General de Identificación Personal (Segip), quienes pedían montos de dinero a cambio de enviar personal a municipios de Santa Cruz para la emisión masiva de licencias de conducir.
“En las últimas horas tomamos conocimiento de supuestos actos de corrupción, en desmedro del trabajo del Segip. Debo aclarar los siguientes puntos: en primer lugar, el señor Salim Ale Nemer no fue ni es persona de mi confianza, el mismo fungía como técnico auxiliar y fue desvinculado el 30 de septiembre de 2021”, explicó ayer la directora general del Segip, Patricia Hermosa, exjefa de gabinete de Evo Morales.
Hermosa salió a dar una declaración luego de que se publicaran en medios televisivos las denuncias de actos de corrupción cometidos por personal de esta institución. Sin embargo, la directora fue escueta y no respondió a las preguntas de los periodistas.
Si bien hizo circular una copia de una denuncia en la Fiscalía contra Hugo Alejandro Paz Blanco y Ale Nemer por la extorsión de 5.000 dólares, cometida contra una persona a la que le prometieron una fuente laboral en el Segip, los documentos no mencionan nada sobre cobros ilegales a los responsables de las autoescuelas en Santa Cruz, que es el tema de fondo.
La denuncia de las autoescuelas señala que desde la gestión del entonces ministro Carlos Romero, previo al gobierno de Jeanine Añez, varios funcionarios estaban involucrados en la extorsión a personal de estos institutos y que lucraban con la emisión de licencias de conducir en provincias y municipios rurales. Entre ellos Ale, quien, pese a su cargo, era encargado de la coordinación de las brigadas móviles y dependía de Erik López, director nacional de operaciones.
El modus operandi consistía en que las autoescuelas juntaban grandes cantidades de postulantes, a quienes les prometían gestionarles la entrega de las licencias de conducir a cambio de inscripciones. En una publicación de Facebook del Segip, el 25 de octubre de 2022, López agradece a la asambleísta departamental de Santa Cruz Muriel Cruz (MAS) por gestionar la presencia de una brigada móvil del Segip en Montero.
López detalló que en ese municipio se evaluaron a 1.500 postulantes y se entregó licencias de conducir a 1.300 aprobados. Se presume que ése era, en promedio, el número de beneficiados por las autoescuelas que negociaban con Ale y los encargados de las brigadas móviles.
La denuncia está acompañada de capturas de conversaciones de WhatsApp, audios y copias de depósitos, que van desde los 7.000 a los 21.000 bolivianos. Los pagos implican a otros funcionarios.
Hermosa sostuvo que además de Ale, el 5 de enero de este año también ordenó la destitución del jefe nacional de licencias de conducir, Yerko Antonio Calzadilla. No obstante, los despidos no se justificaron legalmente ni se abrieron procesos de investigación concretos y el alejamiento de ambos funcionarios sólo se debió a trascendidos. “Mi persona alejó al señor Salim Ale, porque existían rumores de actos de corrupción en Santa Cruz, pese a que en ese momento no existía denuncia que pueda sustentar el inicio de acciones (legales)”, señaló Hermosa.
Pagina Siete
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