La Defensoría del Pueblo de Bolivia y 22 instituciones de la sociedad civil propusieron este miércoles al Gobierno de Luis Arce que dicte un indulto para presos en situación de vulnerabilidad y otras circunstancias, ante la «alarmante» crisis carcelaria por hacinamiento.
«Como primera medida estamos pidiendo que se dé un indulto, ya que en Bolivia desde 2021 no existen decretos que estén vigentes», dijo la secretaria técnica de la Plataforma Ciudadana para el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Susana Saavedra, en una conferencia de prensa.
Saavedra afirmó que en los últimos tres años la población carcelaria creció un 71% en el país andino, por lo que las organizaciones que firman la propuesta piden que se dicte el indulto «de manera inmediata».
La propuesta sugiere al Ejecutivo que haga una selección de privados de libertad según las situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo personas con enfermedades terminales y crónicas, madres y personas que sean el único sustento económico para sus familias e hijos, entre otras.
El jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma, alertó a las autoridades que la situación de crisis «puede escalar en conflictos al interior de las cárceles del país, en más violencia».
El hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción ocasionan que en las cárceles de Bolivia se registren crímenes entre privados de libertad que pugnan por espacios de poder y beneficios a costa de otros, afirmó a EFE Franz Laura, exdirector del Régimen Penitenciario.
En los dos primeros meses de 2025, al menos siete reclusos perdieron la vida en diferentes penales del país andino en medio de situaciones de violencia en sus celdas, incluso en algunos casos con la complicidad de policías.
Según Saavedra, en las últimas décadas Bolivia ha alcanzado «cifras récord» en términos de hacinamiento y en el número de mujeres presas.
«Es importante que el Estado repiense cómo abordará estos temas porque la cárcel no es la respuesta a todos los problemas (…) y hacemos un llamado para que realmente se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad», añadió la activista.
La violencia dentro de los penales también ocasiona «traumas» y una «adopción de las costumbres carcelarias» que pueden ser transmitidas a los hijos y familias de los privados de libertad, explicó la secretaria técnica de la Coalición Ciudadana contra la Tortura, Emma Bravo.
En junio de 2024, la Asamblea Legislativa boliviana aprobó una Ley de indulto y amnistía por razones humanitarias, pero esta norma nunca fue promulgada por el Ejecutivo.
Entre 2013 y 2018, unos 5.000 privados de libertad fueron indultados en Bolivia, según datos oficiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha visitado a Bolivia en varias ocasiones para conocer la situación de las cárceles y ha reportado vulneraciones a los derechos humanos en estas penitenciarías.
El Gobierno boliviano anunció que iba a «revisar los protocolos de seguridad» después de los recientes homicidios, para tomar otras medidas y prevenir más muertes de los privados de libertad.
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