
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lleva en el cargo 22 meses de forma interina. Fue designada por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 30 de enero de 2019 y hasta la fecha continúa en el puesto. Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos piden que se acelere el proceso para designar a una autoridad titular.
La convocatoria para elegir “a la brevedad” a un nuevo Defensor del Pueblo se quedó solo en un anuncio, cuando el 5 de octubre pasado el entonces diputado Víctor Borda (MAS) sostuvo que para “evitar responsabilidades” se elegiría una nueva autoridad.
El Gobierno cambió de mando el 8 de noviembre y los parlamentarios de la gestión 2015-2020 terminaron su gestión días antes. De acuerdo a la Ley 2027 del Funcionario Público, los funcionarios designados en cargos interinos pueden ejercer “por un plazo máximo e improrrogable de 90 días”. Cruz lleva ya en el cargo 22 meses.
Después que asumió, Cruz fue blanco de críticas no solo de parlamentarios contrarios al MAS, también de organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y exdefensores del Pueblo, que cuestionaron su rol supuestamente parcializado al partido azul. La crítica se hizo más fuerte durante el periodo de transición que siguió a la renuncia del expresidente Evo Morales. “Está actuando arbitrariamente ejerciendo el rol de Defensora del Pueblo”, dijo en julio la presidenta de APDHB, Amparo Carvajal.
El tema de la designación de un nuevo defensor o defensora “es una prioridad”, dijo a este rotativo el jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón. Adelantó que una vez que terminen de organizarse, pedirán “inmediatamente” que se acelere el proceso.
“Lo que debemos hacer ahí es que el perfil de la candidatura sea lo más parecido posible al de Ana María Romero de Campero, que fue la primera gran defensora que tuvimos. Tal vez no la podamos igualar, pero se tiene que hacer el esfuerzo”, manifestó Alarcón.
La senadora de Creemos Centa Rek afirmó a este impreso que como bancada pondrán los mayores esfuerzos para “exigir que se proceda al nombramiento de un Defensor de acuerdo a ley”.
“La señora Nadia Cruz no es una persona que cumpla los requisitos para ejercer el cargo de defensor y peor que continúe en su interinato. Es necesario tener un Defensor del Pueblo que no sea adscrito, que no tenga ideología o vínculos con el MAS”, sostuvo Rek.
Cruz, en contacto con Página Siete, sostuvo: “La Ley 870 es clara al establecer que el plazo o tiempo del interinato dura hasta la nueva selección y elección de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo. Es decir, que está en sus manos como actuales asambleístas -en vez de hacer críticas político partidarias- asumir su rol constitucional y cumplir con lo que establece la Constitución que señala que ellos pueden hacer la convocatoria”.
La defensora pidió a los asambleístas “que dejen de hacer esta política de bajo nivel y que puedan asumir institucionalmente tanto lo que les señala la Constitución en cuanto a las funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa y sean respetuosos de la institución de la Defensoría del Pueblo”.
La diputada del MAS Betty Yañíquez indicó que la tarea le corresponde a la Comisión de Constitución, que “seguramente se va a reunir en los próximos días, pero por el momento no hay nada aún”. Recordó que la pasada gestión los parlamentarios de dicha instancia estaban trabajando en el tema.
Sobre el punto, el exdiputado Víctor Borda (MAS), quien presidía la Comisión de Constitución, informó a este rotativo que se dejó un preproyecto del reglamento de convocatoria, que debe ser analizado por la nueva comisión.
“Se incorporó ciertos requisitos, se modificó algunos y se determinaba como base esencial la pericia en el ámbito de derechos humanos, por ejemplo, y obviamente que no debería estar ligado a ningún partido político cinco años antes de la elección”, informó el exlegislador.
La Constitución establece que la Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En los comicios del 18 de octubre pasado, el MAS no logró los dos tercios.
El experto en tema jurídicos Franz Rafael Barrios afirmó que el cargo interino de Cruz feneció a los 90 días de la designación y desde el día 91 que continuó en el cargo público hasta la fecha habría incurrido en una supuesta “prolongación de funciones y también -dijo- habría viciado de nulidad todos los actos que obró desde entonces”, como establece el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.
Página Siete
